Era tal la colaboración que existía entre la Generalitat y algunas empresas catalanas que algunas de ellas renunciaron a cobrar por sus trabajos a cambio de defender la campaña secesionista. Jaume Mestre, el primero de los testigos que ha declarado este miércoles en el juicio al procés ante Tribunal Supremo, fue y es responsable de difusión de la Generalitat y desde 2016 asegura haber coordinado hasta 50 campañas para esta institución. Pese a su amplia experiencia, su testimonio se ha caracterizado por su exceso de "puede ser" y "no lo recuerdo". Hasta el punto de que el propio juez Marchena ha tenido que recordar al testigo que evadir respuestas también es considerado delito dentro del Código Penal.
De hecho, antes incluso de que acabara la declaración, el fiscal Moreno ha pedido que un juzgado ordinario investigue a Mestre por un posible delito de falsedad de testimonio. Este aseguró no saber nada acerca de la campaña publicitaria conocida como de 'las vías del tren' que llamaba al voto en el referéndum del 1 de octubre de 2017 ni cómo se pagó, a pesar de que el representante del Ministerio Público le ha hablado de dos facturas y de que otros testigos le señalaron en instrucción.
Todo el interrogatorio se ha centrado en dos de las campañas publicitarias que partieron del Departamento de Acción Exterior catalán, dirigido por el procesado Raúl Romeva, y en las que se contrató a empresas de publicidad privadas. El objetivo de este testimonio era averiguar si la Generalitat utilizó dinero público para financiar acciones relacionadas con el 1-O, incluyendo publicidad institucional, incurriendo así en un delito de malversación de fondos. 'Registro de catalanes en el exterior' y 'Civisme' han sido las dos campañas que han protagonizado el debate.
La campaña de 'Registro de catalanes en el exterior" fue asignada a la empresa Estudi Dadà, porque era la que tenía "el presupuesto más barato", según ha dicho Jaume Mestre. El testigo ha buscado separar esta campaña del referéndum ilegal del 1 de octubre y ha asegurado que su objetivo era conseguir que los catalanes en el exterior se "inscribieran" en un registro que les "daría algunas ventajas" como “tarjeta sanitaria, carné joven y carnés de la biblioteca". Mestre ha negado que se tratase de un registro para la posterior votación en el referéndum ilegal, como ha apuntado el abogado de la acusación popular de Vox, Ortega Smith.
La campaña desarrollada por Estudi Dadà tuvo un coste de 10.000€, según la Fiscalía, aunque Mestre ha asegurado que no recuerda la cifra, pese a que fue él quien llevaba la facturación de estos contratos. Lo que sí recordaba era que esa factura no se llegó a pagar. "El trabajo fue hecho" pero "no se cobró", ha asegurado el testigo. "Simplemente nos comentaron que esta factura no se podía pagar", eso les dijo "el director general [de disfusión de la Generalitat], Ignaci Genovès", aunque no les explicó por qué. La acusación ha hecho hincapié en cómo fue posible que la campaña no se pagase. "¿Es frecuente que los proveedores les perdonen cantidades de facturas?" ha preguntado el fiscal Jaime Moreno. "No", ha contestado el testigo.
Estudi Dadà no fue el único que se quedó sin cobrar. UTE Kardumen-NothingAD fue la encargada de la difusión en internet de la campaña de "Registro de catalanes en el exterior". Su contrato fue de 97.332€ según cifrado la Fiscalía. Mestre tampoco recordaba la cantidad, pero ha vuelto a asegurar que esa cantidad tampoco se cobró. "¿Les perdonó Ferran Buriel –director de NothingAD- 80.000€?" ha preguntado el fiscal. "Es posible", ha contestado el responsable de difusión de la Generalitat.
La otra campaña que ha protagonizado el testimonio de Jaume Mestre ha sido 'Civisme', una campaña solicitada por el Departamento de Presidencia para que se desarrollase durante septiembre de 2017, semanas antes del referéndum ilegal. Pese a la proximidad de las fechas entre el 1-O y 'Civisme', Mestre ha reiterado que la campaña no tenía nada que ver con la votación. Simplemente trataba de "promover los valores democráticos", ha asegurado.
En este caso, la campaña trataba sobre un anuncio en que una vía de tren se bifurcaba en dos, en referencia a la separación de Cataluña. 'Civisme' tuvo un presupuesto mucho mayor que la anterior, alcanzando los 2,7 millones de euros. La gran incógnita en este caso es la discrepancia entre el testimonio de Mestre, quien ha asegurado que "no se desarrolló ningún anuncio" y la realidad, ya que terminó emitiéndose en los medios públicos TV3 y Catalunya Ràdio.
Según el testigo, cuando él coordinaba esta publicidad, no se terminó de materializar porque el concurso "quedó desierto". Las dos empresas a las que se adjudicó el contrato terminaron renunciando a él. La primera de ellas, Carat, por un tema "de reputación de la empresa" y Focus Media "por temas económicos", según ha dicho Mestre. Sin embargo, el fiscal ha leído una de las cartas que Rosa Lobos, de Focus Media, envió al testigo a razón de la renuncia a la suculenta campaña. "Se trata de una campaña política y no de civismo", se podía leer en el escrito.
Finalmente, el anuncio fue emitido por los medios públicos catalanes, aunque Mestre no sabe cómo ni por qué. Según ha expuesto la Fiscalía, Nuria Llorat, la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) –quien gestiona TV3 y Catalunya Ràdio-, ha declarado en otro proceso ante el juez Llarena que Jaume Mestre acudió a ella para que el anuncio saliese adelante por los medios públicos catalanes. Mestre se ha limitado a negar esas acusaciones y la disputa ha quedado en tablas. El testigo se ha limitado a asegurar decir que no sabe si la CCMA ha cobrado por la emisión de esos anuncios ni tampoco sabe "por qué se emitió ese spot”.
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