Las fracturas del constitucionalismo que dificultan un pacto contra la secesión

Lo dijo ayer con mucho tino Durán i Lleida, tras su encuentro en Moncloa:“No esperen una respuesta política antes del 20-D". Los “intereses electoralistas”, sostenía, primarán sobre cualquier determinación ante la cuestión catalana.

La coincidencia de los hitos del calendario-constitución del Parlament, investidura del presidente catalán y campaña hacia las generales-ha impulsado al desafío soberanista como eje de campaña. Y en la estrategia todas las formaciones tratan de mantener delimitadas sus posiciones para hacerle frente.  Los líderes coinciden en lo esencial,  lo que une y el respeto a la ley, pero difieren en prácticamente todo lo demás. Esto es, el concepto de unidad de España, los mecanismos para aplacar a los independentistas, la necesidad o no de reformar la Constitución e incluso la vigencia de las leyes actuales.

De los encuentros convocados en La Moncloa por el presidente del Gobierno-planteados primero como una reunión a dos con el principal líder de la oposición, Pedro Sánchez y ampliados ahora incluso a los agentes sociales- han salido más desacuerdos que coincidencias.  No habrá declaraciones conjuntas ni tampoco material gráfico de unidad en el mosaico en el que se fractura el constitucionalismo. Los dirigentes tratan de salvaguardar una imagen de aparente acuerdo, al menos hasta después de los comicios y en espera de la nueva representación parlamentaria que determinen las urnas. Los partidos consideran que cualquier declaración ahora sólo serviría para abrir las diferencias y dar resquicios a los separatistas.La reforma de la Constitución, principal escollo entre PP, PSOE y Ciudadanos

La idea que resume los encuentros la dio Rivera, tras verse con Rajoy: “Que los españoles sepan que, gane quien gane el 20-D, “España no está en juego, España no es negociable y España no se rompe". El líder de Ciudadanos antepuso en su aparición ante los medios el buen clima de entendimiento con el presidente del Gobierno y matizó que su intención no era “discrepar, sino unir”.  Sí reprobó a Rajoy, en cambio,  su inmovilismo. “Hablar no es suficiente, hay que tomar decisiones”, dijo.

Uno de los principales puntos de discrepancia con la formación naranja era el momento de encendido del aparato jurídico. Los de Rivera eran partidarios de presentar recurso ante el Constitucional contra el mismo trámite de la resolución separatista de Junts y la CUP, Rajoy quería aplazarlo hasta su debate y aprobación en pleno. De forma al menos simbólica, ha ganado la primera opción: los grupos catalanes de Ciudadanos, PSC y PP presentan este miércoles en el Parlament un recurso de amparo ante el alto tribunal contra la admisión a trámite de la declaración independentista y la reunión de la Junta de Portavoces, celebrada este martes. No se trata, no obstante, de una impugnación o un recurso de inconstitucionalidad para el que sólo está facultado el Gobierno.

El primer punto de desacuerdo entre Ciudadanos y PP es la reforma de la Constitución, defendida por el primero y rechazada por los populares. El partido de Rivera presentará este mismo sábado su proyecto de reforma, que incluirá en el programa para las generales, y que, esencialmente, promueve una profunda revisión del artículo 150.2, de forma que se delimiten claramente las competencias que podrán asumir las autonomías con criterios de eficacia y racionalidad.  

Rivera ofrece una reforma del Estado de corte federal, con competencias autonómicas limitadas y  una Hacienda compartida entre Gobierno central y comunidades. El líder naranja no es partidario de hablar de las “singularidades” que defienden en cambio los socialistas y que consideran ya están reconocidas en la actual Constitución.¿Cataluña, nación o no nación?

La reforma que también ultiman los de Sánchez convierte esos hechos diferenciales en uno de sus ejes. Aparcado el polémico concepto de 'nación', con el que discrepan varios dirigentes, la reforma se ampara en la Declaración de Granada, que defiende “reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones y sus consecuencias concretas: lengua propia, cultura, foralidad, derechos históricos, insularidad, organización territorial o peculiaridades históricas del Derecho Civil”. El borrador busca también clarificar también las competencias de la forma más “precisa” y la “delimitación al máximo posible de los ámbitos respectivos en las competencias compartidas”.

Ambos dirigentes mantuvieron una conversación telefónica el pasado fin de semana en la que coincidieron en la defensa de la Constitución y las leyes, pero discreparon en cambio en el“Pacto por España” trasladado por Rivera al presidente del Gobierno y que, entre otros, implica el compromiso de los partidos a no pactar con formaciones que quieran romper la unidad de España. La formación naranja interpretó la negativa al temor de Sánchez a cerrarse a futuros acuerdos con Podemos.

El líder emergente evidenció que con estas formaciones les separa más de lo que les une. Iglesias lo resumió en una frase: “No es momento de frentes ni de trincheras”, rechazando así sumarse a cualquier iniciativa conjunta contra la secesión. La propuesta de Podemos se basa en dos ejes: reconocer a Cataluña como nación y abrir un proceso constituyente“simultáneo” en el que los españoles podrán votar sobre la reforma de la Constitución que reconozca el derecho a decidir y en el que los catalanes decidan por su parte la relación que quieren mantener con el resto del Estado."El derecho a decidir", la gran brecha

La posibilidad de una consulta vinculante sobre la continuidad de la comunidad en España les separa profundamente de PP, PSOE y Ciudadanos. Iglesias reconoce, no obstante, que la independencia no le gusta y que, aunque no avala un recurso ante el Constitucional contra la propuesta separatista, ante una declaración rupturista dejaría actuar a los tribunales. Considera que el Parlament no tiene capacidad para declarar la independencia.

Como Podemos, aunque con discurso más tajante, IU rechaza formar parte del pacto anti-independentista. “No participaremos en un teatro que divida a los españoles y a los catalanes”, reprochó Garzón tras reunirse con Rajoy. Su organización propone también una consulta para que los catalanes decidan y un proceso constituyente hacia un Estado federal y republicano.  El dirigente mostró su desacuerdo incluso con la aplicación de los mecanismos para frenar el órdago separatista. “La ley tiene que estar subordinada a la democracia”, dijo. Esto incluye su rechazo al recurso contra la resolución.La aplicación del artículo 155, ¿sí o no?

La “solución política” es también la apuesta de Unió. Su líder Durán i Lleida defendió el respeto a la ley, pero matizó sus diferencias: está en contra de la vía penal y de la aplicación del artículo 155. Reticente también a un pacto por la unidad por escrito, el partido propone una mesa de diálogo entre los partidos, también los separatistas, para pactar una disposición adicional en la Constitución que reconozca la “realidad catalana” y un plan para alcanzar un convenio fiscal que solucione el problema de la financiación. Esta propuesta habría de ser votada por los catalanes. Contrario al camino emprendido por Mas y a la declaración de un Estado independiente que considera no reconocería ningún organismo, Durán mostró en cambio su ambigüedad sobre cómo habría de actuarse si se desobedecen las leyes: “Ya veremos”, dijo.

Por su parte, UpyD es rotundo en la defensa de la vía penal. El partido magenta considera que Rajoy está dilatando en exceso los tiempos para actuar y pide varias acciones de urgencia. Entre ellas, la aplicación inmediata del artículo 155 para “desmontar todo lo que han hecho ya los golpistas”, dijo este martes su portavoz, Andrés Herzog, en referencia, por ejemplo, a la Hacienda pública catalana.  La suspensión de autonomía genera en cambio muchas discrepancias entre los populares y se considera una solución extrema.

El partido magenta impulsa también que los separatistas sean imputados de delito de sedición y que se corte el grifo a Cataluña.  “Las ayudas han de ser finalistas para garantizar los servicios esenciales y no al independentismo”, advirtió.