Santiago de Chile.- Las tres hijas del general chileno Carlos Prats, que fue asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en 1974 en Buenos Aires por la policía secreta de la dictadura, demandaron hoy al Estado chileno y a los autores del crimen por quince millones de dólares, informaron fuentes del caso.
Se trata de una demanda solidaria que se tramita en la Justicia Civil e incluye a los condenados por el doble crimen y al Estado, explicó a Efe el abogado Luciano Fouilloux, que patrocina la querella de la familia Prats.
Antecesor de Augusto Pinochet en la jefatura del Ejército y contrario al golpe militar de 1973 que encabezó aquel, Carlos Prats se exilió en Buenos Aires.
El 30 de septiembre de 1974 la explosión de una bomba puesta en su coche causó la muerte del matrimonio Prats.
El 18 de julio del año pasado, en un fallo definitivo, la Corte Suprema de Chile condenó a 17 años por homicidio calificado, más otros tres años y un día por asociación ilícita, a los dos máximos responsables de la DINA -la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet- el general retirado Manuel Contreras y el ex brigadier Pedro Espinoza.
Además, el general retirado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, el exbrigadier José Zara y los coroneles Cristoph Willeke y Juan Morales Salgado, fueron condenados a quince años y un día de prisión por los homicidios y cien días por asociación ilícita.
Todos ellos encuentran en prisión por otras condenas vinculadas a la represión ejercida por la dictadura.
La escritora Mariana Callejas, que según el expediente judicial fue quien activó el control remoto que hizo explotar la bomba, fue condenada a cinco años de prisión que cumple en régimen de libertad vigilada.
Por su parte, el civil Jorge Iturriaga Neumann, hermano de Raúl, y el exsuboficial Reginaldo Valdés Alarcón deben cumplir, también en libertad vigilada, cinco años de prisión y 541 días de presidio menor, respectivamente, como cómplices.
"Quedamos huérfanas y mutiladas afectivamente para siempre. A nuestros asesinados padres se les privó del derecho de ejercer como abuelos de nuestros hijos y a estos últimos del privilegio que por regla general todo nieto tiene", dice en parte la demanda civil de Sofía, Angélica y Cecilia Prats Cuthbert.
Para el abogado Fouilloux sería adecuado que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), "considerara en su mérito el daño ocasionado por agentes del propio Estado en un acto de esta magnitud".
La demanda, añadió, supone para las hijas "cerrar el círculo del asesinato de sus padres en el marco de un juicio civil en función de la calidad de funcionarios públicos que tenían los autores".
Recordó así que "el general Contreras y toda la cúpula de la DINA contaron para comente aquel atentado "con apoyo estatal, logístico, monetario, operativo" así como "instrucciones políticas de quienes administraban el Estado en aquel entonces".
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