Martes, 11.12.2018 - 22:03 h
Las carencias de la nueva norma

'Sorpasso' de autonomías y municipios a la Ley del Clima antes de que se apruebe

Comunidades como Cataluña o Baleares y ayuntamientos grandes y pequeños se adelantan a la futura norma de transición energética

Comunidades y ayuntamientos aprueban normas medioambientales.
Comunidades y ayuntamientos aprueban normas medioambientales. / EP

La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética corre el riesgo de quedarse obsoleta antes de nacer. El borrador de anteproyecto elaborado por el Gobierno no cita directivas europeas clave para la transición energética;  no detalla medidas fiscales concretas para avanzar en la descarbonización de la economía; olvida conceptos como la generación distribuida  o la gestión de la demanda; y limita a 100.000 viviendas anuales los objetivos de rehabilitación de edificios. Las iniciativas de comunidades autónomas como Cataluña o Baleares y de ayuntamientos como Madrid, Barcelona o Cádiz van por delante de las propuestas del Gobierno.

Organizaciones como la Fundación Renovables, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción,SEO/BirdLife y WWF han detectado carencias en la norma, que consideran poco ambiciosa en sus objetivos. En palabras de la Fundación, aunque la música suena bien, la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera debe poner "letra y ritmo a sus ideas".

En la letra está el problema. España tiene aún pendiente la trasposición de artículos de la directiva  2009/28/ UE de renovables, así como las directrices que se refieren a la eficiencia energética de edificios (2010/31/UE y 2018/844). En el anteproyecto no aparecen. Tampoco se concretan medidas para facilitar la infraestructura de recarga de coches eléctricos en edificios, que se empiezan a disputar petroleras y eléctricas.

Rehabilitación y objetivos

La letra del anteproyecto recoge como objetivo de rehabilitación "con criterios de eficiencia energética" la cifra de 100.000 edificios anuales" entre 2021 y 2030 con el propósito de "alcanzar edificios de alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050". Expertos como Javier García Breva (N2E), recuerdan que el objetivo está alejado de propuestas como las del Green Building Council España, que reclaman a la cifra de 250.000 rehabilitaciones.

La realidad va deprisa. Los planes que están aprobando algunas comunidades autónomas y ayuntamientos van por delante de los proyectos del Gobierno. El caso de Cataluña es un buen ejemplo. La comunidad aprobó en agosto de 2017 una Ley de Cambio Climático -recurrida por el Gobierno Rajoy y amparada luego por el Constitucional- que plantea el cierre de nucleares, impuestos por contaminar y desgravaciones por recortar emisiones. Además, la norma prevé reducir un 40% las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero para el año 2030 con respecto al nivel registrado en 2005 y llegar al 65% en 2040 y al 100% en 2050.

La norma catalana fue apoyada sin ambages por la actual ministra Teresa Ribera y va más allá del proyecto de Ley del Clima del Gobierno. Se aprobó sin ningún voto en contra. El PP se abstuvo. También la Comunidad de Baleares ha quemado etapas  en materia medioambiental. En agosto aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático para conseguir unas islas libres de combustibles fósiles y el 100% de energías renovables en 2050. Los coches contaminantes, diésel y gasolina, no podrán entrar en las islas a partir de 2025 (diésel) y 2035 (gasolina). Antes que lo previsto en el anteproyecto de ley nacional.

Municipios grandes y pequeños

Los ayuntamientos también trabajan de forma acelerada en proyectos relacionados con las energías limpias, el autoconsumo o la movilidad eléctrica. No son solo los grandes municipios como Madrid o Barcelona. Valencia, Cádiz y Zaragoza, por mencionar ayuntamientos de ciudades de menor tamaño, también están en la carrera contra el cambio climático. Como lo están también municipios pequeños como Rubí (Barcelona), donde se legalizó la primera instalación de autoconsumo compartido, o Bullas (Murcia), partícipe en el Proyecto LIFE ACT.

Madrid y Barcelona abrieron camino con medidas que iban y van más allá de lo recogido en la normativa del Estado para participar en la transición energética y/o combatir desequilibrios en el mercado de la energía. El Ayuntamiento de Madrid exige en sus contratos energía de origen 100% renovable y ha ganado los recursos planteados por las eléctricas; además, se ha adelantado a las medidas de movilidad contempladas en la futura Ley del Clima. 

Barcelona, como Cádiz ha creado su propia comercializadora de energía para vender electricidad 100% de origen limpio y ha aprobado medidas contra la pobreza energética, al margen de los planes de la Administración, que entienden los suministros domésticos como un todo. Una idea que va más allá de los bonos eléctricos y de calefacción del Ministerio de Transición Ecológica.

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