"No sé a quién se le ocurrió ". Esta ha sido una de las afirmaciones de Luis Medina durante la primera comparecencia que ha hecho ante el juez de Madrid Adolfo Carretero, que le investiga por presuntamente haber estafado al Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020 con la compraventa de mascarillas, guantes y test rápidos Covid-19. Una declaración que ha tenido lugar cerca de las 12.30 horas de este lunes, 25 de abril, y que ha durado poco más de media hora. Después, ha sido el turno de su socio, Alberto Luceño, quien, durante un tiempo similar, ha defendido la legalidad de este 'negocio' y ha negado haber falsificado algún documento para justificar las comisiones de hasta 6 millones de dólares que ambos cobraron por esta operación.
Así se resume las seis horas que los dos empresarios investigados por los presuntos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales han pasado en los juzgados de instrucción situados en la madrileña Plaza de Castilla. Luceño fue el primero en llegar. Apareció cerca de las 10 de la mañana, dos horas y media antes de la hora a la que había sido citado, sorteando así a la mayoría de los medios de comunicación gráficos que buscaban inmortalizar su llegada al juzgado. Por ello, dentro de la sede judicial, en el pasillo que da acceso al despacho del Juzgado de Instrucción número 47, ha tenido que esperar unas tres horas hasta enfrentarse al interrogatorio del juez. Más tarde ha llegado Medina, a las 11.40 horas, momento en el que decenas de periodistas ya se agolpaban expectantes a las puertas de los juzgados de instrucción. "Perdón, quiero entrar", es lo único que ha dicho el hijo del fallecido duque de Feria y Naty Abascal a los medios de comunicación.
No obstante, la estancia de ambos imputados en la sede judicial se ha alargado hasta pasadas las 16.00 horas, ya que han tenido que esperar a que el juez decidiera si les imponía alguna medida cautelar. Tras sus respectivas breves declaraciones, en las que solo han respondido a las preguntas del magistrado instructor, las acusaciones populares ejercidas por PSOE, Podemos y Más Madrid han solicitado la retirada de pasaporte y las comparecencias quincenales, que finalmente han sido acordadas por el instructor, al considerar que existe riesgo de fuga y posibilidad de manipular pruebas. Una vez conocida esta decisión, el objetivo de los comisionistas era conseguir zafarse, una vez más, de las cámaras que, tras seis horas, seguían esperando en las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla. Luceño lo ha conseguido. No ha sido la suerte de Medina, que pese a salir por una puerta lateral para esquivar a los periodistas, finalmente ha sido grabado mientras cogía un taxi.
El juez encargado de investigar el 'caso Mascarillas' considera que Medina y Luceño actuaron con "engaño y ánimo de lucro", pese a "aparentar altruismo", en los tres contratos que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la empresa municipal de servicios funerarios, firmó con una empresa de Malasia para conseguir mascarillas, guantes y test rápidos, en marzo de 2020. Por este servicio, prosigue el magistrado, el consistorio pagó 11,9 millones de dólares (10,9 millones de euros) como consecuencia de que los dos empresarios, que afirmaron ser "agentes exclusivos" de dicha sociedad, elevaron los precios para poder obtener un beneficio neto de hasta 6 millones de dólares. En concreto, el magistrado apunta que en el caso de las mascarillas inflaron un 60% el coste real; un 80% del precio de los guantes; y un 71% el valor de los test rápidos. "Los tres contratos (...) constituyen un negocio jurídico criminalizado", concluyen los dos autos en los que se ordena la retira el pasaporte a los comisionistas, imputados por delitos que, según subraya el juez, son de cierta gravedad por la "enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia Covid-19, con miles de fallecimientos diarios y afectar a fondos públicos".
El juez ha tomado esta decisión justo después de interrogar a Medina y Luceño, quienes han negado la comisión de cualquier irregularidad. Así, el hermano del actual duque de Feria, que ha sido el primero en declarar, ha asegurado que ni tiene la conciencia de haber cometido ningún delito, ni que se siente "engañado" por su socio en esta operación. Así consta en el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso La Información. Ha comenzado la declaración explicando que conoció a Luceño en 2018 por cuestiones de trabajo, ya que ambos han sido intermediarios de "materias primas", aunque ha matizado que los productos sanitarios comenzaron a trabajarlos con motivo de la crisis sanitaria. Así, preguntado por cómo decidieron contactar con el Ayuntamiento de Madrid, Medina ha ratificado su declaración ante Anticorrupción y ha señalado que no recuerda a quién se le ocurrió. Aún así, ha aclarado que Luceño le comentó que tenía "proveedores de materias en China" y que él se dedicaba a "buscar gente a la que pudiera interesar". "Un poco se nos ocurrió a los dos", ha zanjado.
Contacto con el Ayuntamiento
En este sentido, Medina ha admitido que, una profesora de su universidad con la que mantiene buena relación, le dio el contacto de Carlos, el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y que éste le dio un correo electrónico de Elena Collado, la encargada municipal de comprar las mascarillas, que declarará el próximo 9 de mayo ante el juez como testigo. Tras conseguir la dirección de e-mail, Medina ha reconocido que escribió a la funcionaria para presentarse y comentarle que tenía posibilidad de suministrar productos sanitarios, en un momento en el que predominaba la escasez y la dificultad de conseguir mascarillas. Después de una primera llamada, pasó el contacto a Luceño, quien finalmente se encargó de cerrar todos los detalles del negocio y de ser el interlocutor con la empresa proveedora de Malasia. Con todo ello, Medina, que obtuvo un millón de dólares con el que compró un yate y dos bonos bancarios, ha subrayado que no se pactó ningún tipo de comisión.
Por su parte, Luceño ha enfatizado ante el juez que hizo "una operación limpia con el Ayuntamiento de Madrid". Al mismo tiempo ha asegurado que el porcentaje de beneficios que le atribuye Anticorrupción no son correctos, pues, según ha dicho, obtuvo un "47%" de ganancias, proporción que, en su opinión, es un "porcentaje normal" en su sector. "Mi intención era parte ayudar al Ayuntamiento y por supuesto cobrar mi trabajo", ha señalado finalmente. Según consta en el sumario del 'caso Mascarillas', Luceño cobró 5 millones de dólares, que después gastó en artículos de lujo como relojes Rolex, una vivienda y 12 coches de alta gama. En esta línea, ha destacado que él no puso el precio de cada uno de los productos vendidos al Ayuntamiento, y que por tanto no conocía ni la retribución que iba a llevarse ni la que le tocaría a Medina. Todo ello, ha dicho, lo determinó San Chin Choon, dueño de Leno Marketing, la empresa proveedora con la que se firmó los tres contratos, y quien se ha negado a colaborar con la justicia para aclarar si los imputados realmente eran "agentes exclusivos" de su empresa.
"He hecho una operación limpia con el Ayuntamiento de Madrid. Mi intención era parte ayudar al Ayuntamiento y por supuesto cobra mi trabajo", ha afirmado Alberto Luceño ante el juez.
Sobre esta condición también ha incidido el magistrado instructor. Luceño ha asegurado que tiene documentación firmada por el propietario de la mencionada empresa asiática que lo corrobora y que también demuestra que no ha falsificado ningún papel. Así, ha precisado que él actuó en la operación comercial con el Ayuntamiento de Madrid en calidad de "agente", mientras que Medina fue el "facilitador". Una argumentación similar ha dado el propio Medina al ser preguntado sobre porqué aparece como "agente exclusivo" de Leno Marketing en los documentos aportados al banco para justificar el ingreso de su comisión. Ha dicho que se trata de un mero "formalismo" para acreditar que ha estado colaborando con la empresa pagadora.
En ambas declaraciones, el juez también ha preguntado por el problema que hubo con los guantes. La encargada municipal de comprar las mascarillas, Elena Collado, se quejó a Luceño de que eran de mala calidad y que su precio era superior al que se ofertaba en otros establecimientos. Al respecto, Luceño ha reconocido que se enfadó cuando la funcionaria le dijo por whatsapp que les "estaban estafando" y que él se limitó a transmitir a San Chin Choon las quejas de Cibeles. Por su parte, Medina ha afirmado que no conoce tampoco los pormenores de la operación pero que desconoce por qué se devolvió al Ayuntamiento los 4 millones de dólares que abonaron por este producto. En su opinión, el material era lo que se estipuló de contrato, pese a que las "expectativas" del consistorio fueran otras, según consta en las dos actas de las declaraciones.
Alzamiento de bienes
Por último, el interrogatorio también se ha centrado en la inversión que los dos comisionistas hicieron con el dinero ganado con la compraventa de mascarillas. Así, en el caso de Medina, ante las sospechas de que ha ido vaciando sus cuentas, dejando solo 247 euros, para no responder a eventuales embargos judiciales, el empresario ha defendido que no tiene intención de defraudar, ni tiene dinero en el extranjero. En este contexto, ha afirmado que si ha dispuesto de sus bienes, así como de los dos bonos bancarios que compró tras obtener el millón de dólares, tras declarar en Anticorrupción hace un año es porque no tenía conocimiento de que no pudiera hacerlo, ya que el fiscal no le advirtió de que ello pudiera ser delictivo. Por este hecho, el juez de Madrid también le ha imputado un delito de alzamiento de bienes.
Con respecto a Luceño, este investigado ha reiterado su intención de evitar la imputación por alzamiento de bienes y ha recordado su voluntad de poner a disposición del juzgado los futuros ingresos que perciba su empresa Takamaka Invest, junto a dos relojes que ya ha depositado y otro más, que lo hará próximamente. Aún así, ha querido dejar constancia ante el magistrado que antes de la operación de las mascarillas su nivel de vida era "medio alto", ya que obtenía "entre 3.000 y 7.000 euros al mes", según reza el acta de su declaración. Asimismo, ha querido aclarar que, tras la compraventa de material sanitario, compró los coches de alta gama para "hacer negocio" a través de su arrendamiento, algo que no ha tenido mucho éxito. Según ha destacado, con esta operación tuvo pérdidas como consecuencia de la gran cantidad de gastos que generaba, al no existir una "estabilidad" en este mercado y la falta de alquiler de los vehículos.
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