Latinoamérica va desunida a COP21, pero clara en quién debe firmar el cheque

Diferencias políticas, geográficas y económicas impiden que el continente acuda con una posición común a la conferencia internacional sobre el cambio climático (COP21), que arranca el lunes en París.

Allí, 195 estados más la Unión Europea tratarán de acordar un compromiso que limite el aumento del calentamiento global a 2ºC respecto a los niveles de la era preindustrial. También discutirán el financiamiento a los países pobres en la lucha contra el cambio climático e intentarán establecer metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

A la cita, llegan unidos siete países que forman la Alianza Independiente de América Latina y el Caribe (Ailac).

Este grupo, al que pertenecen Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, se compromete a reducir entre 20% y 45% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y pone el foco en la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos.

México, con una postura afín a la Ailac aunque sin pertenecer a ella, fue el primer país en vías de desarrollo en presentar sus objetivos, cuando se comprometió a reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.

Además, México hará presión a favor de que "se empiece a tomar compromisos de adaptación", dijo la semana pasada Rafael Pacchiano, ministro de Medio Ambiente.

"Sobre todo estamos empujando el poder desarrollar sistemas de alerta temprana que nos permitan adelantarnos a los fenómenos que van a acontecer", añadió.

Brasil prometió deforestación cero y reducción de emisión de gases en 43% para 2030. Este país, el que mayor porción de selva amazónica posee, deforestó 4.800 kms cuadrados en 2014.

"Brasil ha asumido muchos compromisos ejemplares y ambiciosos y eso le da credibilidad como socio histórico en las negociaciones sobre clima, desde la Cumbre de la Tierra de 1992 en Rio de Janeiro", dijo el domingo pasado el ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, cuando afirmó que cuenta con el gigante sudamericano para lograr el gran pacto mundial.

Argentina de su lado se fijó una reducción de emisiones de 14,4% para 2030, con un proyecto basado en la construcción de más hidroeléctricas y el avance del plan de energía nuclear.

Bolivia será portavoz de las conclusiones alcanzadas en una cita de movimientos sociales sobre el cambio climático realizada en octubre en Tiquipaya, en el centro del país, a la que acudieron también Venezuela y Ecuador.

Bolivia exigirá que la temperatura del planeta no supere los 1,5 ºC respecto de la era preindustrial, frente a los 2ºC planteados. También pedirá a las naciones industrializadas que asuman el costo por el daño causado.

Con ese argumento Bolivia se opuso al acuerdo de Cancún en 2010. Pero, esta vez, es más improbable que "líderes de algunas naciones se pongan en posiciones que no faciliten un acuerdo global", dijo a la AFP Jorge Caillaux, presidente de la ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

"El costo político de una posición de ese tipo sería muy alto", añadió Caillaux, quien irá a París como observador. "Se va a exigir que haya mecanismos más transparentes para la cooperación, para la transferencia de tecnologías, para el financiamiento", detalló.

En este sentido, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó el martes que llevará a la COP21 la idea de "justicia ambiental".

"Que los grandes contaminadores paguen por esa contaminación, compensen el consumo de bienes ambientales y compensen a los países pobres que reciben los efectos del cambio climático producidos por los países ricos".

En general, los países en desarrollo esperan que sea el norte industrializado el que aporte los recursos -100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020- necesarios no solo para reducir sus emisiones, sino también para hacer frente a los estragos que el cambio climático ya les está provocando a través de sequías, huracanes y otros fenómenos extremos.

En el último medio siglo, América Latina y el Caribe han contribuido con menos de 5% de las emisiones de dióxido de carbono.

Su responsabilidad en el calentamiento global es, entonces, mínima, y los compromisos nacionales de reducción apenas influirían en el nivel global de emisiones.

Por eso, "lo que se tiene que negociar es quién va a aportar" los recursos, dijo Caillaux. "Nuestros países no tienen que aportar, sino los países más ricos e industrializados", enfatizó.

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