El nuevo curso judicial ya está inaugurado, pero con el ambiente más tenso de lo que terminó. Como era de esperar, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, lanzó este miércoles un duro reproche a PP y PSOE por mantener el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces durante casi cuatro años. Les instó a negociar los nombres de los futuros vocales en las próximas semanas, bajo la amenaza de su posible dimisión si la renovación no tiene lugar. No obstante, las palabras hacia las formaciones políticas no solo se dirigieron en este sentido, sino que también les criticó por su actitud mostrada frente las sentencias judiciales por corrupción que les termina salpicando.
Durante su discurso en al acto de Apertura de Año Judicial, el presidente del CGPJ defendió la labor de los jueces y magistrados en la lucha contra la corrupción. "Los jueces españoles han actuado eficazmente, con plena independencia, sin más criterio rector u orientación que aquellos que la propia Ley establece", señaló. "Nunca han estado dispuestos a rendir sus togas a otros intereses que no sean los de la Justicia", añadió.
En este sentido, el máximo responsable del Alto Tribunal subrayó que el trabajo de los jueces para combatir esta "lacra social" se ha llevado a cabo "sin que las críticas interesadas en este campo hayan conseguido debilitar a nuestra Justicia ni corroer la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales". Así, sin hacer una mención expresa a las formaciones políticas, afirmó que "no es infrecuente que quien ayer aplaudía la sentencia que condenaba a su rival hoy desacredita la que le afecta a él, cuando a menudo ha sido dictada por los mismos magistrados".
Son varias las causas judiciales en las que distintos partidos del arco parlamentario han estado involucrados en causas de corrupción. Haciendo un repaso rápido, en la Audiencia Nacional, dirigentes del PP se han visto afectados (algunos estando solo investigados y otros condenados) por la conocida trama 'Gürtel' -en la que el partido político ha sido condenado como partícipe a título lucrativo-; los casos 'Púnica' y 'Lezo'; o en la macrocausa relativa a los negocios privados del comisario José Manuel Villarejo. Por otro lado, miembros de la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) están imputados por la presunta financiación irregular, en lo que se ha denominado como 'caso del 3%'. Socialistas tampoco se quedan fuera de esta lista con la trama de los ERE de Andalucía, por las que han sido condenados una veintena de responsables, entre los que se encuentran los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
La preocupación ha disminuido
Según recordó Lesmes, en el año 2014 las encuestas de opinión señalaban que "la corrupción y el fraude eran, después del paro, los principales problemas que existían en España". Así lo consideraban un 60% de los españoles. "La situación es hoy bien diferente", afirmó, ya que esta inquietud ha caído hasta el puesto decimo tercero de las preocupaciones de los ciudadanos. Ello se debe a los "importantes procesos seguidos" por estos delitos sobre los que se han dictado sentencias, "en su mayor parte condenatorias", que han permitido cambiar la percepción sobre este ámbito, apostilló el presidente del CGPJ.
Para concluir, Lesmes parafraseó al doctor de Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford y catedrático Víctor Lapuente para destacar que "la independencia de la Justicia española" es una realidad. Y ejemplo de ello, dijo, es que "tras la crisis financiera, ningún país, con la excepción de Islandia, ha condenado a prisión a más banqueros que España". "No hay muchas otras democracias en las que más miembros de las altas instancias de la política o de la economía hayan tenido que sentarse en el banquillo de los acusados", concluyó.
"No hay muchas otras democracias en las que más miembros de las altas instancias de la política o de la economía hayan tenido que sentarse en el banquillo de los acusados".
La corrupción también fue un tema que salió a relucir en el discurso de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que sustituyó al recién nombrado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por su ausencia al dar positivo en covid-19. La número dos de la carrera fiscal advirtió de que, un año más, el mayor número de procedimientos están relacionados con el delito de estafa. Un hecho que se explica por el incremento de las denuncias que se interponen por esta conducta delictiva.
Así se desprende de los datos reflejados en la Memoria de actuación del año 2021, que la Fiscalía presentó públicamente este miércoles en dicho acto. En ella se destaca que el área especial para la lucha contra la corrupción ha registrado un "notable incremento" de denuncias con respecto al año pasado. De las 1.069 acciones recibidas en 2020 se han pasado a 1.291 denuncias. Por ello, tras destacar que la Fiscalía Anticorrupción es un "referente internacional que ha demostrado profesionalidad y buen hacer en sus más de 25 años de existencia", el Ministerio Público reclama un mayor número de fiscales y funcionarios para afrontar el aumento de número de asuntos. La plantilla "es a todas luces insuficiente", indica el documento de más de 1.500 páginas.
Según informa la Fiscalía, Anticorrupción inició en 2021 40 investigaciones penales, lo que supone un incremento si se tiene en cuenta que en 2020 -en plena pandemia por coronavirus- solo se comenzaron 19 instrucciones. Asimismo, señala que esta Fiscalía intervino en 801 procedimientos judiciales; si bien presentó menos escritos de acusación que en el año anterior, resultando en 2021 un total de 39. En cuanto a las sentencias que dictaron los tribunales sobre asuntos de corrupción en los que intervino este departamento, 10 fueron condenatorias y 12 absolutorias.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios