Ultimátum del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a los partidos políticos ante el bloqueo que sufre el órgano de gobierno de los jueces desde hace casi tres años. Ante la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder del PP, Pablo Casado, el máximo responsable del CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, ha recordado que los grupos parlamentarios tienen la obligación constitucional de elegir a los vocales de esta institución cada cinco años sin que su cumplimiento pueda subordinase a “razones de oportunidad políticas, cualesquiera que estas sean”. Por ello, ha pedido que la “lucha partidista” quede al margen de esta negociación.
Así lo ha dicho, en el solemne acto de Apertura del Año Judicial, que ha estado presidido por el Rey Felipe VI, que llega justo una semana después de que el Gobierno y el PP dejaran claro que las relaciones entre ambos para renovar el órgano de gobierno de los jueces están rotas y que no parece que vayan a restablecerse si ninguna de las dos partes cambian sus posturas. El Ejecutivo insiste en que “los jueces no pueden elegir a los jueces”, tal y como afirmó la semana pasada el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y los 'populares' rechazan negociar el nombramiento de 12 de los 20 vocales del CGPJ si no se reforma la ley para que estos sean escogidos por sus pares.
Así, como era previsible, Lesmes ha hecho referencia en su discurso a esta “anormal situación” en la que se encuentra el órgano que preside y ha recordado que la Constitución establece que tanto el presidente como los vocales de esta institución están sujetos a un mandato de cinco años, “sin que este plazo pueda ser considerado, en ningún caso, como meramente orientativo”. Por ello, ha pedido que “por el bien de todos”, la institución “desaparezca del escenario de la lucha partidista” y ha instado al PSOE y PP a que en las próximas semanas lleguen a un acuerdo para la “necesaria” renovación.
Según Lesmes, la situación es ya “insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad”, ya que el CGPJ no puede seguir realizando nombramiento de cargos gubernativos, colocando en una “muy difícil situación” a los órganos judiciales y en especial al Tribunal Supremo, donde ya son 11 las vacantes por cubrir una planta de 79 magistrados. En esta línea, también ha hecho referencia a la reforma legislativa que limita las funciones del órgano de gobierno de los jueces una vez ha expirado su mandato y ha hecho especial hincapié en que ello ha “agravado” mucho más el estado del órgano de gobierno de los jueces, a quien no se pidió su opinión antes de sacar adelante este cambio normativo, con los votos a favor del Gobierno y sus socios.
Críticas al Gobierno
“La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos”, ha criticado el presidente del CGPJ, que además ha recordado que hasta en seis ocasiones se ha dirigido a los presidentes del Congreso y del Senado para que hagan cumplir el mandato constitucional de renovación del órgano de gobierno de los jueces.
En esta línea de reivindicación de la independencia judicial, Lesmes también se ha detenido en los indultos a los líderes del ‘procés’ condenados por el Tribunal Supremo. Ha sido el momento en el que el presidente del CGPJ ha elevado el tono y ha resaltado de forma contundente que la función de los jueces y magistrados es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado "con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole” y que, por tanto, no tiene nada que ver con la “idea de revancha o con el sentimiento de rencor”. De este modo, recuperaba las palabras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó el pasado 25 de mayo en las que adelantaba que concedería la prerrogativa a los independentistas, apelando a los valores constitucionales de "convivencia", "concordia" y "entendimiento" y no en "venganza" o "revancha". Así, Lesmes ha cerrado este capítulo diciendo que “juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes”, que previamente han sido “democráticamente” aprobadas y expresan “la voluntad de la mayoría”.
Discurso de Delgado
El acto ha comenzado a las 12.00 horas en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. La primera en tomar la palabra ha sido la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha presentado la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, en la que se recoge la evolución de la criminalidad durante el año 2020, la prevención del delito y las reformas que a juicio del Ministerio Público son necesarias. Parte de su discurso ha estado centrado en la actuación de la Fiscalía durante la pandemia provocada por la Covid-19, ya que “ha afectado y ha alterado nuestras vidas desde marzo de 2020”. “Está siendo extraordinaria e inédita en todos los sentidos (...) nos sentimos más vulnerables ante lo desconocido”, ha destacado Delgado.
Antes de comenzar con el desglose estadístico que se recoge en la Memoria que el pasado viernes fue entregada al Rey, la fiscal general ha aprovechado para hacer un llamamiento a la “solidaridad internacional” ante la “grave situación” que se vive en Afganistán. En este sentido, ha mostrado su preocupación por la “situación de las mujeres”, que ven “comprometidas” sus derechos a la integridad y a la igualdad. Pero también ha podido dejar su recado a los partidos políticos.
En primer lugar, ha recalcado la necesidad de llevar a cabo "una profunda reforma" del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para dota de mayor autonomía a la institución, que además debe afrontar los retos que le impone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que se encuentra en tramitación y que le otorgará la dirección de las instrucciones de las causas penales. En segundo lugar, Delgado ha recordado la independencia de poderes y la "armonía" entre ellos, por lo que ha alertado de los peligros que pueden hacer que la Justicia se convierta en un "campo de batalla política", pues "debe estar únicamente al servicio de la sociedad".
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