Pese al duro golpe que se ha llevado con la última decisión del Tribunal Supremo, Ramón Casero, el abogado que puso contra las cuerdas a todo el sector bancario durante 19 días, no se rinde y anuncia que dará la batalla si hace falta en el Tribunal Constitucional al considerar que la decisión de los magistrados de desestimar sus recursos vulnera sus derechos fundamentales.
En conversación con este diario, el letrado ha confesado que la decisión de lo Contencioso de volver a la jurisprudencia vigente los últimos 20 años y que carga a los usuarios los gastos de las hipotecas no le ha pillado por sorpresa. Es más, se la esperaba a tenor de que el Pleno convocado para estudiar el fondo de la cuestión acabó eternizándose 16 horas ante la división de criterio de los magistrados.
La noticia, que se conoció pasadas las 19.30 horas de este martes,se produjo precisamente mientras impartía una clase de doctorado en la Universidad Pontificia Comillas-ICAI-ICADE de Madrid. El bombardeo de llamadas que empezó a recibir su terminal telefónico cuando faltaban diez minutos para que terminara la lección le hizo temer lo peor.
Lo cierto es que con el nuevo giro del Tribunal Supremo se genera una situación insólita donde las haya puesto que, del conjunto de recursos que presentó en defensa de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas-Vaciamadrid, tres determinan que deben pagar los bancos (de hecho al ser sentencia firme, esta no se ha podido estudiar en el Pleno) y, otros tres los usuarios.
Esta disparidad de criterios en unos recursos que tratan del mismo asunto ha hecho que decida interponer, una vez se le notifiquen las tres sentencias, un incidente de nulidad de actuaciones por vulneración de la igualdad en la aplicación de la norma. Máxime teniendo en cuenta que, los primeros casos los estudiaron magistrados especializados en tributos y pertenecientes a la Sección Segunda de lo Contencioso y el resto han sido analizados por el Pleno entero.
Tres sentencias para la posteridad
Si no prospera esta pretensión, acudiría entonces al Tribunal Constitucional ante donde interpondría recurso de amparo por vulnerarse sus derechos fundamentales, por lo que todo apunta que esta batalla judicial no se termina con la decisión del Supremo de volver a dar la razón a la banca en lo que a impuestos de Actos Jurídicos Documentados (AJD) se refiere.
El letrado no puede decir que le haya sorprendido este nuevo giro de los acontecimientos puesto que ya apuntó en su día que la decisión de avocar a Pleno la doctrina que generaba su fallo se debía a presiones. Ahora bien, puede decir con total tranquilidad que es el único abogado que ha conseguido que, al tratarse de sentencias firmes, la banca deba pagar los gastos hipotecarios hasta en tres supuestos diferentes.
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