Nuevo escrito a la Audiencia Nacional

El letrado contra las medidas de Sanidad pide ahora que declaren Illa y Escudero

Curro Nicolau vuelve a solicitar cautelarísimas contra la orden de Sanidad para confinar municipios como Madrid por atentar contra derechos fundamentales.

Tecnourban
Nicolau, el abogado azote del Gobierno en la alarma que reclama justicia para Madrid
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Curro Nicolau no cesa en su empeño. Apenas horas después de que la Audiencia Nacional haya desestimado su petición de suspender la orden de Sanidad sobre las nuevas medidas de confinamiento, ha vuelto a presentar un nuevo recurso. Esta vez, el abogado valenciano reclama que se interrogue tanto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como al consejero del ramo en Madrid, Enrique Ruiz Escudero, por ser este último el que ha dictado la orden en la Comunidad de Madrid. El letrado solicita que, en caso de que no se suspendan las medidas por la vía de urgencia, se dé luz verde a la libertad de circulación por todo el territorio nacional y a la libertad de reunión.

Se trata de un nuevo capítulo en rifirrafe judicial de la orden de Sanidad para confinar aquellos municipios más afectados por la pandemia de la covid. El pasado jueves, tras cerrarse el acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), el letrado recurrió la orden al considerar que atentaba contra derechos básicos recogidos en la Constitución como la libertad de reunión o movimiento. Entonces, todavía no había entrado en vigor la norma, si bien pidió a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional que la suspendiera de urgencia sin escuchar a las partes del procedimiento. Tres días después, los magistrados se han pronunciado en contra de la pretensión apuntando que las medidas no van destinadas a los ciudadanos sino que la orden recae sobre las comunidades autónomas. 

Por ese motivo la Sala Tercera, que es la que revisa recursos contra disposiciones y actos de los ministros, ha entendido que el asunto no reviste de urgencia y lo tramitará como medida cautelar. De ahí que haya dado un plazo de diez días a la Abogacía General del Estado para que se pronuncie en relación a su petición. De este modo, ya hay dos recursos en la Audiencia Nacional sobre este asunto ya que el Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso también solicitó medidas cautelares contra la decisión de la cartera de Salvador Illa. El Gobierno de la Comunidad de Madrid considera que invade competencias y que el acuerdo alcanzado por el órgano de Sanidad no es de aplicación obligatoria puesto que no se alcanzó por consenso. 

Repercusión en los ciudadanos

Ahora, y con la orden ya en vigor no solo en la ciudad de Madrid sino en otros municipios de dicha comunidad, Nicolau vuelve a la carga en un escrito al que ha tenido acceso La Información. En el mismo recuerda que los magistrados no se han pronunciado sobre la ampliación de recurso que formuló el pasado viernes y por eso da un paso más y solicita los interrogatorios de Salvador Illa, por ser el titular de la cartera desde la cual emana la orden y del consejero madrileño Enrique Ruiz Escudero, que es quien firma la misma para su aplicación en la capital de España. De este modo, el abogado deja de actuar únicamente contra la norma del Ejecutivo central que afectaba a las comunidades autónomas y pide la suspensión de las medidas que afectan directamente a la libertad de los ciudadanos. 

"Conviene tener en cuenta que el presente recurso mediante la ampliación solicitada se plantea como un recurso indirecto frente a la Orden del Ministerio de Sanidad de fecha 30 de octubre, impugnando de manera directa la Orden de la Comunidad de Madrid citada que es la que afecta directamente a este ciudadano en la restricción de los derecho que aludimos (libre circulación y reunión)", precisa su escrito. De este modo, contrarresta la versión de los magistrados de la Audiencia Nacional acerca de que la orden no afecta de manera directa a los derechos de los ciudadanos y recuerda que las medidas contenidas en la orden de Sanidad son "autoaplicativas" en tanto que se establecen como de "obligado cumplimiento para las comunidades autónomas". 

"Derechos totalmente limitados"

Además, en su escrito explica que sí se trata de una cuestión urgente puesto que desde el mismo momento en que han entrado en vigor estas normas hay "millones de ciudadanos" que tienen sus derechos totalmente limitados. "Por tanto, sí que existe una urgente necesidad en la suspensión de las restricciones de derechos fundamentales ya que, el recurrente y millones de personas a día de hoy ya están viendo totalmente limitados sus derechos por un procedimiento empleado con auténtico fraude de Ley, abuso de Derecho y Desviación de Poder, tal y como tendremos ocasión de demostrar en el momento procesal oportuno", explica.  

Igualmente advierte que puede que la vía judicial tarde mucho tiempo en resolver este asunto mientras el tiempo pasa y las personas permanecen privadas de sus derechos fundamentales en aquellos municipios en los que se aplican las restricciones. Por ese motivo, recuerda que "cada hora que pasa afectan al recurrente y a millones de personas que ven privada su libertad individual. "Cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, nunca volverán porque el tiempo que transcurre en la restricción de derechos es irrecuperable. Y por tanto son millones de restricciones las que se están produciendo en estos momentos (...). Todo ello teniendo en cuenta que las medidas impuestas, según el procedimiento seguido, son de absoluta cuestionada ilegalidad según tendremos ocasión de demostrar", sentencia.

 

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