La nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene como tarea inmediata elaborar una ley que acomode la economía a la descarbonización del medio ambiente. Es una tarea delicada. Choca con intereses políticos y empresariales. Por eso son importantes las batallas ya ganadas. Una de esas batallas es la Ley de Cambio Climático de Cataluña, aprobada en el Parlamento catalán en agosto de 2017 con la única abstención del Partido Popular de Cataluña (PPC). El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la norma al Tribunal Constitucional (TC), que primero la suspendió y después la ha avalado. La nueva ministra Ribera defendió la norma y criticó duramente las trabas del Gobierno.
La ya ministra Ribera, entonces directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (Idris, por sus siglas en inglés) cuestionó la zancadilla del Gobierno Rajoy a una ley que había sido aprobada prácticamente por unanimidad. La ley catalana marca la ruta de la transición energética y contempla, entre otros puntos polémicos (artículo 19.2), "establecer un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio".
Cosa de locos
“Me parecería bien que el Gobierno se adelantara y se planteara una reforma tributaria (medioambiental) para todo el Estado", aseguró Ribera en una entrevista en la que se le preguntó por el veto a la ley catalana, "pero lo que me parece de locos es que no se haga nada y encima se impida que los demás lo hagan”. Ribera seguía la línea de la denominada Alianza por el Clima, en la que 400 entidades cívicas pidieron al Gobierno de Rajoy que la futura Ley de Cambio Climático y de la Transición Energética incorporara medidas de fiscalidad ambiental.
Además de cerrar nucleares, la norma autonómica contra el cambio climático plantea reducir un 40% las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero para el año 2030 con respecto al nivel registrado en 2005 y llegar al 65% en 2040 y al 100% en 2050. Para ello, establece que las administraciones públicas deben gravar con impuestos las actuaciones que aumenten las emisiones e incentivar fiscalmente sus recortes.
La ley también crea un fondo público para impulsar el fomento de las energías renovables, el autoconsumo eléctrico -una cuestión especialmente polémica-, las viviendas energéticamente eficientes, la movilidad sostenible, el ahorro de agua y la conservación de la biodiversidad.
Al Ejecutivo de Rajoy no le gustó la iniciativa de Puigdemont. Recurrió la ley catalana en noviembre de 2017 y el Constitucional suspendió su aplicación. Pero en un auto notificado en marzo de este año, el Constitucional ha levantado la suspensión de la ley.
El TC sólo mantiene la suspensión de un artículo, el 19.4, que prohibía el 'fracking'. El resto de preceptos ha obtenido el visto bueno, lo que en principio deja vía libre a la comunidad autónoma para aplicar la norma una vez levantado el artículo 155 de la Constitución que intervino la autonomía.
El apagón nuclear
Además de la Ley de Cambio Climático de Cataluña, la nueva ministra Teresa Ribera tiene como referentes los trabajos en los que ella misma participó -junto a otros 22 expertos convocados por el PSOE- para llamado Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE). Sus propuestas, resumidas, pasan acabar con la generación nuclear y térmica de carbón en la década de 2020-2030; sacar al petróleo de los usos energéticos en la década 2030-2040, y eliminar también el gas natural, la energía de transición, para 2050.
Los expertos de CAPTE, incluida Ribera, sostienen que no existe ninguna barrera técnica que impida el cierre de centrales nucleares en el horizonte 2025. Creen que serían perfectamente sustituibles por renovables con respaldo del gas, y añaden que el impacto del cierre del carbón y de las nucleares para un hogar medio en España apenas supondría un incremento en el gasto mensual medio en electricidad de entre 14 céntimos y 1,2 euros.
La futura ley para frenar el cambio climático abordará, además, un calendario de eliminación de subsidios a combustibles fósiles, así como la evaluación y corrección de eventuales subsidios a residuos y fertilizantes. Es la "intervención redistributiva del Estado"... en palabras de Teresa Ribera.
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