El Ley de Cambio Climático y Transición Energética será desde este jueves una realidad con la aprobación en el Congreso, con competencia legislativa plena, del informe elaborado por la Ponencia. La norma estrella de la Vicepresidencia cuarta de Teresa Ribera finaliza así una larga trayectoria parlamentaria y una compleja negociación. Lo hace con novedades respecto al anteproyecto que alumbró el Gobierno de coalición y que luego fue sometido a un endurecimiento no sin presiones de los sectores afectados. El texto final, al que ha tenido acceso La Información, contiene novedades tras las aportaciones de los diferentes grupos políticos.
La norma mejorada en la tramitación parlamentaria incluye finalmente la prohibición de conceder nuevas autorizaciones de explotación de hidrocarburos desde su entrada en vigor, un artículo que había sido puesto en entredicho por el PNV. El grupo vasco avisó en este sentido con activar una batalla legal en defensa de los planes de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) para explorar la existencia de gas natural en Subijana, provincia de Álava, pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo, explican fuentes parlamentarias, y los 'jeltzales' se han abstenido en la votación, no sin criticar la falta de "consenso" en su tramitación. Idéntico veto recibirán, por cierto, las instalaciones de minerales radioactivos, esencialmente las de uranio, que no podrán recibir nuevos permisos.
Los yacimientos y el 'fracking' en España tienen ya una fecha de caducidad. En efecto, la norma establece que los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos ya vigentes que se encuentren ubicados en el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042.
La ley endurece también los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de forma que en el año 2030 estas emisiones del conjunto de la economía española deben ser un 23% menos (en el proyecto inicial era un 20%) respecto a las de 1990. Asimismo, en 2030 se deberá alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42% (inicialmente era el 35%) y el sistema eléctrico debe contar con, al menos, un 74% (un 70% inicialmente) de generación a partir de energías de origen renovable. En el año 2050 el objetivo es que todas las energías sean renovables.
La nueva norma también potencia la eficiencia energética de los edificios, una aspecto central de los fondos europeos y para el que habrá una potente inversión. En concreto, la ley plantea una disminución del consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% (en un inicio era del 35%) con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria. El Gobierno tendrá que elaborar en un plazo de seis meses un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana en el que se apueste por el autoconsumo, las instalaciones de pequeña potencia y la calefacción y la refrigeración de cero emisiones. Los materiales para la construcción de edificios deberán tener, además, la menor huella de carbono posible.
La Ley incluye un artículo llamativo referido a "la consideración del cambio climático en la seguridad y la dieta alimentaria". De esta forma, en la norma se plantea que las administraciones potencien en sus contratos públicos "condiciones especiales de ejecución que primen los alimentos frescos o de temporada, y con un ciclo corto de distribución".
Más artículos de la norma: habrá una obligación de que las ciudades con más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones, se potenciará una potente red de electrolineras para expansión el coche eléctrico y también hay un compromiso explícito con la movilidad sostenible y la reforma del sistema eléctrico. Asimismo se impulsará el ferrocarril y se pondrá en marcha un comité de expertos en cambio climático que deberá evaluar la normativa y realizar aportaciones en forma de recomendación.
La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados dará, por tanto, el visto bueno final a esta ley, modificaciones incluidas, con el apoyo de PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Teruel Existe. El PNV se ha abstenido.
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