El Tribunal Constitucional (TC) celebra el próximo 15 de diciembre su primer Pleno después de que el órgano se renovara y sus nuevos integrantes tomaran posesión. Una reunión que, pese a que no llevará asuntos de especial relevancia, sí que se analizarán temas relativos a la ley catalana que permite limitar los precios del alquiler; la creación por parte del Govern de Pere Aragonès de un fondo para hacer frente a las fianzas de 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas impuso a los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont -huido de España-, al exvicepresidente Oriol Junqueras y una treintena de exaltos cargos de la Generalitat por promocionar el desafío independentista en el extranjero; o un acuerdo del Parlament de Cataluña de 2019 para reivindicar la amnistía de los condenados del 'procés'.
El objetivo que se ha marcado el nuevo presidente del órgano máximo interprete de la Constitución, Pedro González-Trevijano, cuyo mandato caduca el próximo mes de junio -lo que abrirá un nuevo frente para PSOE y PP, que aún tiene pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial-, es iniciar una etapa de amplios consensos para afrontar las grandes resoluciones a las que se tiene que enfrentar el tribunal, como la futura sentencia sobre la ley del aborto, que lleva paralizada 11 años y cuya ponencia ha recaído en el magistrado recién incorporado Enrique Arnaldo; o la vigente ley de Educación, conocida como la 'Ley Celáa', que se encuentra en manos de los magistrados Antonio Narváez y Ricardo Enríquez.
No obstante, aunque es "habitual" que en la primera reunión en la que participan los nuevos magistrados no entren debates complejos para facilitar su transición y darles tiempo para que puedan conocer los asuntos en profundidad, según señalaron fuentes del tribunal de garantías, es posible que esta primera 'toma de contacto' pueda tornarse complicada por las sucesivas recusaciones que los líderes del 'procés' han presentado contra los recién llegados Enrique Arnaldo o Concepción Espejel. Y es que en el orden del día se han incluido recursos de algunos de los condenados por liderar el proceso independentista en Cataluña, por lo que el Pleno tendrá que decidir si tramita las peticiones de apartar a estos nuevos miembros del tribunal, propuestos por el PP, o las rechaza de plano; o incluso posponer la decisión a otro momento, y con ello la deliberación de dichos recursos.
La dificultad de esta decisión se centra en la posible falta de 'quorum' mínimo que puede suponer aceptar las recusaciones, pues la ley obliga que al menos ocho de los 12 magistrados decidan sobre el fondo de una cuestión en trámite. A esta situación se llega después de que Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido se apartaran voluntariamente de conocer los temas relacionados con la cuestión catalana, después de que varios líderes del 'procés' dudaran de su imparcialidad por las manifestaciones públicas que ambos magistrados hicieron sobre este asunto en 2017, coincidiendo con el momento cumbre del independentismo. A ello se suma que otro miembro del TC, Alfredo Montoya, se encuentra de baja.
Sentencia y admisiones a trámite
Sin embargo, estos no son los únicos puntos que a partir del próximo miércoles analizará el tribunal de garantías, pues en el orden del día se han añadido también otros asuntos sobre la 'agenda' catalana ligada a la cuestión independentista. Entre ellos, se encuentra la "deliberación de la sentencia" sobre el acuerdo aprobado por el Parlament el 25 de septiembre de 2019, por el que se admitieron varias propuestas de resolución sobre la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos como respuesta a la sentencia, que se dio a conocer unos días después, del Tribunal Supremo, que condenó por un delito de sedición a nueve líderes del 'procés'. El Pleno del máximo intérprete de la Carta Magna admitió a trámite por unanimidad, el 14 de julio de 2020, el recurso presentado por Ciudadanos, al entender que permitiría "aclarar o cambiar su doctrina como consecuencia de un proceso de reflexión interna" y añadió que la resolución que de ello tuviera lugar podría tener "unas consecuencias políticas generales".
Asimismo, el TC también tendrá que estudiar si admite a trámite o no -sin entrar en el fondo del asunto- el recurso presentado por el PP contra el decreto por el que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) acordó hacerse cargo de las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas por el presunto desvío de fondos públicos para sufragar la actividad del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como 'Diplocat', y de las denominadas 'embajadas' catalanas. Para pagar los más de 5 millones de euros que se reclaman de manera provisional hasta que se celebre un juicio y haya sentencia, el Govern creó el pasado mes de julio de un Fondo Complementario de Riesgos dotado con 10 millones de euros y gestionado por dicho órgano dependiente de la Generalitat. Cabe recordar que la idea inicial era buscar el apoyo de entidades financieras, si bien tras no lograr este objetivo, fue el ICF quien afrontó directamente las cantidades exigidas, un mecanismo que finalmente el órgano fiscalizador ha rechazado y que los presuntos responsables contables de estos gastos han recurrido.
Por otro lado, el órgano de garantías también tendrá que decidir si estudia, o no, la posible inconstitucionalidad de la ley catalana que permite fijar un tope al precio del alquiler de viviendas. El Gobierno de Pedro Sánchez presentó un recurso contra el artículo 4 del decreto-ley de la Generalitat aprobado el 9 de diciembre de 2020 sobre medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. Una norma que afecta a 60 municipios catalanes y cuya admisión a trámite no implicará su suspensión, al menos durante cinco meses, mientras se analiza el fondo del asunto, ya que el Ejecutivo no invocó el artículo habilitado para ello, el 161.2 de la Constitución.
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