Ley discapacidad. Ciu propone que no se subvencionen empresas que discriminen a las personas con discapacidad

El Grupo Parlamentario CiU considera que no deben concederse contratos públicos, subvenciones o ayudas a entidades o personas físicas “incumplidoras de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas”.
Así consta en una proposición de ley “para avanzar en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública”, una iniciativa a la que tuvo acceso Servimedia y que presentó el pasado 20 de noviembre el portavoz de CiU en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida.
CiU propone que para participar en la licitación de contratos “cuyo objeto esté directamente vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación” sea requisito necesario “la acreditación del cumplimiento de la obligación legal de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad o de haber adoptado las medidas alternativas correspondientes”.
La iniciativa propone que se modifique así el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público añadiéndole un artículo 81.bis. Asimismo, plantea que en los pliegos de cláusulas administrativas se establezca la obligación de acreditar un certificado en el que conste la cifra global de la plantilla y el número particular de trabajadores con discapacidad.
CiU quiere añadir también que se reserve, “en conjunto, la adjudicación de un porcentaje de un 7% del importe total anual de su contratación” a Centros Especiales de Empleo, cuando al menos el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad.
De este cómputo quedarían excluidos los contratos de obra y de concesión de obra pública. “El porcentaje de esta reserva social en cada órgano de contratación se establecerá sobre el volumen total anual de su contratación en el ejercicio anterior, y su importe económico no podrá ser inferior al 2% del presupuesto que se hubiera destinado a este concepto en el mismo”, añade la iniciativa de CiU.
En la exposición de motivos de su proposición de ley, CiU señala que “la contratación pública es también política pública” y que “puede y debe contribuir a conseguir objetivos sociales y medioambientales”.
LÓGICA
A juicio de CiU, lo lógico sería “utilizar los fondos públicos para contratar a aquellas empresas que, además de ofrecer un bien o un servicio a un precio asumible, lo hacen contribuyendo en mayor medida a la cohesión social o a la sostenibilidad medioambiental”.
A juicio de CiU, “la inclusión de las conocidas como cláusulas sociales en la contratación pública puede tener un enorme impacto, tanto por el volumen de lo que ésta supone (16-18% PIB), como por el avance que supondría hacia mejores estándares sociales y ambientales”. “Las empresas deberían competir por cumplirlos y hasta por mejorarlos, para conseguir ser las adjudicatarias del contrato”, defiende CiU.