Ley discapacidad. El gobierno asegura que la nueva norma supone "un paso importante hacia la igualdad real"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este viernes que el decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social supone "un paso importante hacia la igualdad real" de este colectivo.
Sáenz de Santamaría hizo estas consideraciones en la rueda de prensa ofrecida tras la celebración del Consejo de Ministros, que hoy, dos días antes de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre, aprobó una nueva norma sobre discapacidad.
Como la propia vicepresidenta explicó, la ley es un texto refundido de otras tres: la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (Liondau) y la Ley por la que se establece el Régimen de Infracciones y Sanciones en materia de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.
Y por este motivo, es decir, porque el texto es el resultado de refundir tres normas, no puede incrementar las sanciones para quienes conculquen los derechos de las personas con discapacidad, argumentó la representante del Ejecutivo.
No obstante, añadió que el hecho de que la nueva ley amplíe las definiciones de discapacidad sí garantiza de algún modo que se puedan tipificar como delito más acciones.
Apuntó también la vicepresidenta que el texto aprobado hoy es "una labor de simplificación normativa" con la que España se adapta a los requerimientos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Supone igualmente la nueva ley, prosiguió Sáenz de Santamaría, que España supera el concepto asistencialista de las personas con discapacidad, a las que ahora se garantiza el cumplimiento de todos los derechos.
Finalmente, la vicepresidenta del Gobierno destacó el papel "esencial" que ha tenido en la refundición de los textos el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que es el que conoce realmente cuáles son las necesidades del colectivo.