La educación en España no es una cuestión de Estado. O al menos, no lo parece. Los vaivenes que ha dado el sistema educativo desde que se reinstauró la democracia han provocado que se haya convertido en un arma arrojadiza entre derecha e izquierda. Unos choques que han impedido que se haya llegado a un gran acuerdo para un asunto que en otros países no genera esta discusión, al tener muy definidos los contenidos y los métodos para formar a los niños y adolescentes. Ya sea por una asignatura novedosa, por la importancia que se le da a la religión o por un cambio en la redacción de legislación, la realidad es que el Pacto de Estado no ha sido algo prioritario para los partidos con representación en el Congreso en los últimos años. Que se haya llegado a aprobar la octava norma en 40 años, la LomLoe, por 177 votos de los 350 posibles, es muestra de ello.
Todos los choques políticos que han rodeado la tramitación de la conocida como 'ley Celaá' han recordado a lo que ocurrió años atrás cuando se traba esta cuestión. Tanto las advertencias de recursos al Tribunal Constitucional y las promesas de derogación de la oposición, como los parabienes de haber alumbrado una reforma necesaria en favor de la enseñanza pública y de modernización del sistema, no son nuevas. PSOE y PP han esgrimido estos mismos argumentos cuando han estado en la oposición o controlaban el Ejecutivo. Quienes han apoyado sus administraciones o las rechazaban también los han empleado. Los motivos han sido distintos con el paso de los años. Pero el resultado siempre es el mismo. Aunque hubo quien estuvo cerca de lograr ese gran acuerdo.
Ocurrió en 2010, cuando gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. El actual portavoz socialista en la Asamblea de Madrid y exministro de Educación, Ángel Gabilondo, logró sentar con el PP las bases para el que habría sido el primer pacto de Estado educativo. El acuerdo estaba muy avanzado, después de que Gabilondo y su interlocutora de entonces, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, llegaran a liderar hasta 12 reuniones y se encontraran en privado en otras tres ocasiones. Como explican fuentes que formaban parte de aquel Ejecutivo de hace 10 años, "Gabilondo tenía como un fin vital lograr que se firmara el pacto de Estado". Pero el PP decidió retirarse a última hora, culpando a los socialistas de no haber querido "cambiar el modelo educativo fracasado". Algo que el exministro definió como "una mala noticia para el país".
El camino de las ocho leyes
Hasta entonces, y desde entonces, el acuerdo entre los representantes políticos elegidos por los ciudadanos nunca estuvo cerca. Ninguna de ellas se aprobó con un gran entendimiento entre los partidos. Este camino de inestabilidad educativa comenzó en 1980, con la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares que impulsó el entonces ministro José Manuel Otero, de UCD. Esta legislación no suponía una ruptura con la Ley Orgánica de Educación (LOE) del franquismo, ya que mantenía la estructura de la EGB y el BUP. Pero lo que generó conflicto fue su carácter de permitir que los centros educativos tuvieran su propio ideario. La izquierda política la recurrió al Tribunal Constitucional, pero el Alto Tribunal avaló el texto.
Ya con Felipe González y el PSOE en el Gobierno, pasaron tan solo cinco años hasta que llegó la nueva reforma. Que también fue polémica. La Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación (LODE) fue impulsada por José María Maravall. Su principal novedad era la de poner en marcha el sistema de conciertos (uno de los motivos de conflicto de la 'ley Celaá'), sustituyendo así al sistema de subvenciones a colegios privados. Además, incluyó la posibilidad de que los padres, profesores y alumnos tuvieran algo que decir sobre el funcionamiento de sus centros a través de los consejos escolares.
Pero auténtico cambio llegó en 1995, con la norma más conocida hasta ahora: la Ley Orgánica General del Sistema Educativo o LOGSE. Su responsable fue Javier Solana, y fue la que más cambios introdujo en el sistema. Para empezar, la escolarización obligatoria se ampliaba hasta los 16 años, cuando antes era hasta de los 6 a los 14. También se contemplaba una etapa previa de educación infantil, que no era obligatoria. Es la que acabó con la EGB y el BUP, al instaurar la Primaria, la ESO y el Bachillerato, cuestiones que siguen vigentes en la actualidad. Pero sus resultados siempre fueron muy criticados socialmente y por partidos como el PP, que aseguraban que es la que provocó el fracaso escolar de la actualidad.
José María Aznar pasará a la historia por ser el único presidente que no pudo conocer los efectos de su propia ley educativa. La siguiente que se elaboró fue la suya, la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE), que fue diseñada por la exministra del PP Pilar del Castillo. La mayoría absoluta de Aznar le permitió aprobarla en solitario, con el único apoyo externo de Coalición Canaria. El PSOE la rechazó de plano, ya que incorporaba que la Religión fuera evaluable, nuevos itinerarios en los diferentes ciclos o una reválida tras el Bachillerato. Fue aprobada en octubre de 2002. Y a partir de marzo de 2004, cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó a Moncloa, fue paralizada.
De Educación para la Ciudadanía hasta ahora
Zapatero fue el responsable de la que fue la norma educativa más polémica hasta entonces. En 2006, María Jesús San Segundo se encargó de elaborar la Ley Orgánica de Educación (LOE), que fue conocida por solo una asignatura: Educación para la ciudadanía. Esta materia, que según el Gobierno servía para enseñar menores valores cívicos e introducía asuntos como la pedagogía sobre el matrimonio homosexual, fue uno de los grandes recursos de oposición del PP. En 2010 se llevó a cabo la reforma que Ángel Gabilondo intentó pactar con los 'populares', en la que apostaba por las estancias en el extranjero, el plurilingüismo o reforzar la Formación Profesional.
Unos años de tensión educativa que se acabaron con la LOMCE, impulsada por José Ignacio Wert. Mariano Rajoy se valió de su mayoría absoluta para sacarla adelante, que fue muy contesta por la comunidad educativa entre acusaciones de privatización. Las quejas pasaban por permitir el aumento de los ratios en las clases, la reducción de optativas y la recuperación del peso académico de la religión. Y como prometió el PP, también se eliminó Educación para la Ciudadanía. Además, fue la que incluyó el castellano como lengua vehicular en todo el país, circunstancia que ahora se elimina en la LomLoe.
La 'ley Celaá' es la última de esta larga lista. Todas ellas se han aprobado sin acuerdo alguno, y con la imposición del partido mayoritario que controlaba el Gobierno. Ninguna de ellas ha logrado solucionar asuntos como los cambios de libros de texto de un año para otro, las diferencias de rendimiento, asignaturas o materias entre comunidades, el alto fracaso escolar o la digitalización completa del sistema. En esta legislatura tampoco se prevé que se pongan sobre la mesa estos asuntos, dada la 'guerra' entre PSOE y Unidas Podemos y la oposición. Los líderes actuales ya han dejado claras sus posturas. Y si el inquilino de la Moncloa es de un color político distinto al actual, la novena ley educativa estará más cerca.
