Ley que protege a policías y militares en Perú puede ser arma de doble filo

Mónica Martínez

Lima, 18 ene.- Una ley promulgada por el presidente peruano, Ollanta Humala, con la intención de reforzar el combate a la delincuencia, puede convertirse en un arma de doble filo para el Gobierno al eximir a la Policía y a las Fuerzas Armadas de responsabilidad penal en el caso de lesionar o matar a terceros.

La ley 30151 fue firmada el lunes por Humala y establece que está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de Perú que, en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte.

La norma es una modificación al Código Penal y fue elaborada durante el pasado Gobierno del expresidente Alan García (2006-2011) que precisamente afrontó una serie de violentos conflictos sociales en varios puntos del país con decenas de uniformados muertos, al igual que civiles fallecidos en las protestas.

Humala logró apaciguar uno de los conflictos más difíciles en la región de Cajamarca, por la oposición al proyecto minero Conga, pero las comunidades y organizaciones civiles que rechazan la extracción de oro y cobre en esa zona por poner en peligro su acceso al agua han vuelto a movilizarse esta semana.

Los comuneros ingresaron a las instalaciones del proyecto en Cajamarca, propiedad de la estadounidense Newmont, y causaron destrozos de mobiliario para insistir en que la empresa no debe reanudar el proyecto suspendido en 2012.

Ante los comentarios de diversos analistas de que la ley es "una licencia para matar", el ministro peruano del Interior, Walter Albán, precisó que el uso de la fuerza no puede ser ilimitado y que "cualquier tipo de exceso, de actuación que va al margen de lo que tiene que ver con la función regular, tendrá que ser sancionado".

Sin embargo, los analistas han llamado la atención sobre el hecho de que la norma haya eliminado la mención del uso de armas "de forma reglamentaria", lo cual puede abrir el camino a la impunidad.

El abogado Carlos Rivera, coordinador del Instituto de Defensa Legal (IDL), declaró esta semana a Efe que cuando se retira esa mención del uso reglamentario de las armas "puede dar visos de una norma que pretende impunidad", pues favorece un uso arbitrario del armamento.

Entre 2011 y 2012, la Inspectoría General de la Policía investigó a más de 12.000 agentes por su presunta participación en delitos de homicidio, corrupción, narcotráfico y robo, entre otros.

Durante ese periodo, 340 policías pasaron al retiro por medidas disciplinarias, tras haberse comprobado su responsabilidad en hechos ilícitos.

Entre los que defienden la norma se encuentra el excomandante general de las Fuerzas Armadas, Jorge Montoya, quien remarcó que el uso de la fuerza letal debe ser el último recurso de los uniformados para defenderse de una amenaza.

Montoya se quejó, en el diario El Comercio, de que los policías y militares han sido maltratados por las leyes vigentes y sometidos a largos procesos judiciales.

Uno de los primeros uniformados que podría ser beneficiado por la nueva ley es el suboficial de la Policía, Víctor Araujo, quien disparó esta semana contra dos delincuentes, por intentar robarle en la ciudad de Piura (costa norte de Perú), y causó la muerte de uno de ellos.

Sin embargo, la preocupación de los opositores a la norma se dirige sobre todo a los operativos policiales desplegados en manifestaciones masivas, como los conflictos sociales que persisten en el país.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Perú hubo 216 conflictos sociales en diciembre pasado, 170 de los cuales se mantienen activos, y la mitad de ellos responde a controversias sobre la actividad minera en el país.

Amnistía Internacional expresó el viernes su preocupación porque podría interpretarse como que la ley está permitiendo cualquier uso de la fuerza, incluso si fuera ilegal para el derecho internacional.

La organización pidió a las autoridades peruanas que acaten sus obligaciones bajo el derecho internacional y que envíen un mensaje claro de que "no hay una carta blanca para las fuerzas del orden y que las violaciones de los derechos humanos no serán toleradas".