Ley seguridad. Greenpeace ‘vigila’ al consejo de ministros desde el faro de moncloa

Cuatro activistas de Greenpeace comenzaron a las 10.00 horas de este viernes a escalar al mirador del Faro de Moncloa, cerrado al público desde 2005 y desde el cual se divisa el Palacio de La Moncloa, donde el Consejo de Ministros debatía desde esa misma hora la aprobación del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
Fuentes de Greenpeace aseguraron a Servimedia que la intención de los activistas era “permanecer toda la mañana” en el mirador de esta estructura de 110 metros de altura, mientras dure la reunión del Consejo de Ministros y la posterior rueda de prensa, en la que comparecerá el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para explicar el contenido del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.
Estas fuentes señalaron que Greenpeace “está en desacuerdo con la propia esencia” del proyecto del Gobierno porque, a pesar de que podría rebajar la “dureza represora” contenida en el borrador de la ley, “limita la protesta pacífica”.
Durante su ascenso al Faro de Moncloa, los activistas mostraron pancartas con el lema ‘NO a la Ley Mordaza’ para reflejar su desacuerdo con una ley que, según Greenpeace, “castigará durante la protesta pacífica y la desobediencia civil”.
"Hemos elegido el Faro de la Moncloa por su situación frente al Palacio de la Moncloa, donde se celebra el Consejo de Ministros. Desde aquí queremos enviar al Gobierno un mensaje claro contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin conocer los últimos detalles y aunque el nuevo texto pueda haber resuelto los conflictos constitucionales e irregularidades que exhibía, no ha desaparecido su esencia intencionadamente represora", señaló Sara del Río, portavoz de Greenpeace.
Por su parte, el director de Greenpeace, Mario Rodríguez, subrayó que “el secretario de Estado de Interior ha escuchado las demandas de Greenpeace, pero ha hecho caso omiso de ellas, especialmente en lo referido a sanciones por escalar edificios y protestar en infraestructuras críticas, como centrales nucleares”.
La organización recalcó que la modificación de la ley no parte de una demanda social, sino de “un afán de control de las protestas sociales por parte del Gobierno”, y añadió que su aplicación sancionará formas de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
"No parece casualidad que el Gobierno recurra al verano para aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, tan controvertido y con tanto rechazo social. De esta forma dificulta el debate, la crítica y la respuesta ciudadana; un ejemplo más de lo mucho que molesta la participación de la ciudadanía al Gobierno y lo poco que interesa su opinión", concluyó Del Río.