Ley seguridad. Impedir desahucios podrá ser sancionado hasta con 30.000 euros

Las acciones para impedir que una autoridad cumpla con su obligación, como la ejecución de un desahucio, podrán ser sancionadas con hasta 30.000 euros si no entran en la categoría de delito, según recoge el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que analizó este viernes el Consejo de Ministros para su remisión a los órganos consultivos.
Según informó el Ministerio del Interior, el anteproyecto establece como infracción grave, con posible sanción de entre 1.001 y 30.000 euros, los “actos de obstrucción” a las decisiones oficiales.
En concreto, se castigan “los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito”.
Por otra parte, el anteproyecto crea un “Registro Central de Infracciones”, que incluirá información de los que han vulnerado la futura norma. Se busca así prevenir delitos y tener en cuenta aspectos como la concesión de permisos de armas.
Fuentes de Interior explicaron que este registro, sobre cuya legalidad deberá pronunciarse la Agencia de Protección de Datos, busca combatir la reincidencia de los delincuentes y evitar la concesión de licencias de armas a personas que puedan tener antecedentes administrativos contra la seguridad ciudadana.
Otras novedades que incluye el texto elaborado por el departamento de Jorge Fernández Díaz son que se obliga a los ciudadanos a entregar su DNI a los agentes cuando se les requiera por cuestiones de seguridad. En la actualidad, la norma en vigor habla de que el documento de identidad es intransferible, por lo que hay personas que se limitan a mostrarlo, pero no entregarlo a los policías.