Los discrepancias no resueltas del pasado tienden a aparecer un tiempo después para demostrar que las posturas siguen alejadas. También en ámbitos tan relevantes como un Gobierno de coalición. Es lo que está ocurriendo con la batalla política que mantienen la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, a cuenta de la 'ley trans'. Un conflicto que tiene como trasfondo una cuestión que hasta ahora no había motivado un choque. Pero que no es nuevo. Viene de lejos. Prácticamente, desde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron el reparto de carteras. Lo que significó que el PSOE perdía Igualdad, una cartera importante y muy simbólica para las feministas socialistas. Situación que siempre han aspirado a enmendar, al no ocultar su deseo de recuperarla. Algo que los morados no están dispuestos a aceptar.
Antes de que estallara la pandemia y la población tuviera que confinarse por la expansión del coronavirus, los dos partidos del Gobierno ya mantuvieron varios choques a cuenta de esas competencias. En aquel momento, los problemas llegaron por las discrepancias con la ley de libertad sexual, más conocida como la norma del "solo sí es sí". Su redacción no gustó a la parte socialista, que en ese momento estuvo liderada por Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Y que conllevó incluso declaraciones en las que se insinuaba que Campo era un machista, como señaló el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Finalmente, la ley llegó al Consejo de Ministros y fue aprobada de cara al 8 de marzo, como era el objetivo. Pero eso no se tradujo en que las diferencias desapareciesen, como se evidencia ahora con la 'ley trans'.
La propuesta se ha encontrado con el rechazo de la parte socialista del Ejecutivo. La cual lidera sin esconderse la vicepresidenta Calvo, que ha censurado el contenido del borrador porque contiene aspectos inasumibles para su partido. Además de que, según asegura, tienen un dudoso encaje en el ordenamiento jurídico. La autodeterminación de género es la medida que no gusta nada a Calvo. Según la vicepresidenta, podría suponer "elegir género, sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de 47 millones de españoles". Lo que, traducido al lenguaje empleado por el sector feminista del PSOE en distintos argumentarios, implica un "borrado de las mujeres". Posición que defienden desde el conocido como 'feminismo clásico', que distingue entre género y sexo. Y que las enfrenta al 'feminismo queer', que respalda los intereses de las personas trans y su demanda de poder elegir lo que son.
En aquel momento, y como ya publicó este diario en marzo de 2020, fuentes de Unidas Podemos denunciaban que Calvo había empezado a movilizarse para poner en cuestión la acción de Montero. Antes de la coalición, la propia vicepresidenta tenía las competencias de Igualdad. Y al frente del diseño de las políticas desde la Secretaría de Estado de Igualdad estaba Soledad Murillo, que es un referente en el feminismo y fue sustituida por Noelia Vera. Desde ahí, y según apuntaban las fuentes consultadas, un sector que "no asume que estamos en el Gobierno" se movió y lanzó numerosas críticas a Montero. En esencia, porque no entendían que Murillo tuviera que salir del Ejecutivo y su partido dejara de contar con ese simbolismo de Igualdad. Circunstancia que en la actualidad sigue produciéndose, según explican fuentes del partido morado.
El PSOE cambia de opinión
La disputa actual ha comenzado después de que se haya conocido el borrador de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, de la cual se está encargando el departamento que dirige la ministra Montero. El texto contempla que las personas mayores de 16 años que deseen cambiar su nombre y su sexo puedan hacerlo tan solo con una declaración expresa presentada en el registro civil. Lo que abriría el camino de la libre autodeterminación de género, ya que no sería necesario un informe médico para justificar esta solicitud. Otro de los aspectos destacados es que se aceptarían legalmente las identidades no binarias, por lo que quienes lo requirieran podrían estar exentos de que se mencione su sexo en documentos como el DNI. Medidas que el PSOE pone en cuestión.
Pero esta posición socialista no se corresponde con la que han tenido en el pasado. Lo cual se puede comprobar revisando el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados. En 2019, la Ponencia para la reforma de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, elaboró un dictamen que iba en la misma línea de lo que ahora propone Igualdad. En aquel texto, se recogía que todos los mayores de 16 años podrían solicitar "la rectificación de la mención registral del sexo". También abría la puerta a que quienes tuvieran entre 12 y 16 años pudieran hacer esta petición, aunque en este caso debían contar con el consentimiento de sus padres o tutores. Además, se contemplaba el cambio de nombre si se rectificaba el sexo. Unos aspectos que el Grupo Parlamentario Socialista apoyó a través de una de sus diputadas históricas, Ángeles Álvarez.
Como entonces, UP asegura que hay sectores del PSOE que rechazan que sea una de los suyos la que controle ese ministerio. Algo que dejó caer el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, cuando defendió la propuesta y señaló como "crueles" las críticas a la redacción de la ley trans. Una legislación en la que no solo ha trabajado Montero. Entre las altos cargos que está implicadas está la Delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que además es jurista. También tienen un gran peso la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo, y la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno. A las que se suma la actual secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera. Que esta última sustituyera a Soledad Murillo fue lo que acabó por encender al PSOE hace más de un año. Por lo que, junto a Montero, es protagonista de una disputa simbólica que continúa en la actualidad.
