El Gobierno ha congelado las negociaciones para aprobar la nueva Ley de Vivienda, según ha podido confirmar La Información a través de fuentes implicadas. El Ministerio de Transportes, responsable máximo de la materia, ha decidido que los contactos internos en el seno del Ejecutivo con la Vicepresidencia segunda se retomarán después del 14-F, una vez celebradas las elecciones en Cataluña. La norma tiene que llegar al Consejo de Ministros antes de que acabe el mes, por lo que los negociadores, David Lucas por parte del PSOE e Ione Belarra por Unidas Podemos, tendrán menos de dos semanas para cumplir lo acordado en el pacto de Presupuestos Generales.
La decisión del departamento de José Luis Ábalos de parar las negociaciones durante la presente y la próxima semana, en plena campaña electoral y con el PSC jugándose ganar los comicios, llega después de un mes de enero de tensión en la propia coalición. Las posturas, como se ha venido contando en estas páginas, se encuentran en las antípodas para, esencialmente, rebajar el precio de los alquileres y qué hacer con las viviendas vacías de grandes tenedores, es decir, bancos y fondos de inversión.
El calendario es realmente complicado para alumbrar una ley considerada clave tanto para el PSOE como para Unidas Podemos. El Gobierno únicamente tendría dos Consejos de Ministros más, tras las elecciones en Cataluña, para dar el visto bueno a la norma: el del día 16 y el del día 23. Pero las últimas reuniones entre ambas formaciones no han ido bien, con posiciones aún muy alejadas, lo que anticipa un nuevo conflicto interno.
Fuentes del Ministerio de Transportes aseguraron que la Ley de Vivienda "es una oportunidad histórica" para el país. "Este Gobierno ha puesto la vivienda en el centro de sus políticas. Nuestro objetivo es claro: garantizar la función social de la vivienda y el derecho a una digna y adecuada. Seguimos trabajando y perseverando en un acuerdo", añadieron.
Podemos acusa al PSOE de primar el interés electoral de Illa
Por su parte, desde Unidas Podemos acusan al PSOE de una presumible "falta de ambición" en el primer borrador de la ley y de actuar con intereses electorales de cara al 14-F: "Es conocido que las leyes catalanes en materia de vivienda son de las más avanzadas del Estado y un texto con medidas poco ambiciosas, como las que se han planteado hasta el momento en la mesa de negociación, podría serle perjudicial al candidato Illa".
La Vicepresidencia segunda asegura no estar de acuerdo "con retrasar esta negociación, que reviste enorme urgencia" y señalan cuatro puntos como "principales desacuerdos": "Obligar a los grandes tenedores a que dediquen el 30% de sus viviendas al alquiler social; la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables; la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler; y una regulación que rebaje los precios del alquiler".
La Vicepresidencia segunda del Gobierno asegura no estar de acuerdo "con retrasar esta negociación, que reviste enorme urgencia"
La Ley de Vivienda es ya una mina para la coalición, más si cabe tras esta decisión. Ya lo fue en el momento de pactar que se aprobara en Consejo de Ministros antes de finalizar el mes de febrero. Fue una negociación in extremis horas antes de presentar los Presupuestos Generales de 2021 y que se produjo en las horas en las que Pedro Sánchez visitaba al Papa Francisco en El Vaticano.
La historia es la siguiente: PSOE y Podemos llegaban a un primer acuerdo para aprobar "a principios del año que viene" la limitación de los arrendamientos en las grandes ciudades. Lo negociaron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Hubo pacto pero Belarra pidió un poco más de concreción en las fechas. Ábalos hablaba del primer trimestre, cuando el calendario legislativo del Gobierno contempla la aprobación en Consejo de Ministros de la Ley de Vivienda. Belarra no consiguió convencer al también secretario de Organización del PSOE y recurrió a Irene Montero.
La ministra de Igualdad entró entonces en escena para negociar directamente con Ábalos. Presionó y le intentó hacer ver la importancia de reflejar una fecha concreta. No era fácil para Unidas Podemos, que estaba recibiendo la insistencia del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Tampoco para los socialistas, de los que estaban pendientes bancos y fondos de inversión, según explican fuentes gubernamentales.
Finalmente el acuerdo lo tuvieron que desbloquear Iván Redondo y Juanma del Olmo, que volvieron a ser la argamasa de la coalición en esta negociación con un acuerdo que va más allá incluso del pacto de Gobierno. Por ejemplo se concreta que antes de terminar febrero se van a aprobar medidas para contener o eventualmente "bajar los precios" -un término que costó aceptar para el PSOE- de los alquileres en zonas de mercado tensionado. Asimismo los ayuntamientos podrán bloquear las "subidas injustificadas" de los contratos en vigor.
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