El Pleno del Congreso debatirá este martes la propuesta de Unidas Podemos de sacar a alquiler social el parque de viviendas de la Sareb, el conocido como 'banco malo', una de las propuestas de esta formación para la nueva Ley de Vivienda, que está atascada por falta de acuerdo en el propio Gobierno de coalición pero también con sus socios parlamentarios. Pese al acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para llevar al Congreso el proyecto de ley, el socio minoritario ha planteado más cambios a través de enmiendas, mientras que partidos como ERC y EH-Bildu exigen más modificaciones, tanto en la regulación de los precios del alquiler como en la prohibición de los desahucios.
El papel de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria, que absorbió los activos 'tóxicos' de la banca durante su rescate en la anterior crisis financiera) también es una de las cuestiones en liza en esta ley, ya que Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu exigen ampliar el parque público con sus recursos. Concretamente, la iniciativa es una proposición no de ley registrada en febrero tras la reforma que permitió la nacionalización de la entidad en la que Unidas Podemos aboga por replantear el papel de la Sareb y convertirla "en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida".
Un alquiler máximo de 300 euros
Así, piden que la Sareb realice una gestión social de su parque de viviendas, la suspensión indefinida de los desahucios en viviendas de su propiedad en las que no haya alternativa habitacional y la movilización de su suelo urbanizable con vistas a ofrecer alquileres sociales. Para su gestión social, reclama vincular las rentas de sus alquileres al nivel de ingresos, con un precio medio de 100 euros entre niveles inferiores para personas con mayor dificultad y un límite máximo de 300 euros.
Para asegurar un control adecuado de la Sareb, proponen su dependencia del ministerio competente en materia de vivienda (el Ministerio de Transportes), la creación de un organismo específico para comprobar el cumplimiento de sus objetivos, y la participación de los ministerios en su consejo de administración y este organismo de seguimiento. Asimismo, exigen la puesta en conocimiento de todos los activos que tiene en propiedad, ya que denuncian que sus inmuebles y suelos son "algo desconocido para los ministerios que tienen competencias relacionadas, como es el caso de Transporte o Derechos Sociales". Finalmente, desde Unidas Podemos piden modificar los próximos bonos para permitir rendimientos negativos, tras la demanda interpuesta contra sus tenedores (Abanca, CaixaBank, Sabadell, BBVA, Unicaja, Ibercaja y BFA), y que estas entidades paguen por la misma. Por esta razón, critican, la compañía dejó de ingresar 147 millones de euros en 2020.
Esta medida es uno de los tres escollos que mantiene la formación morada con sus socios de Gobierno en materia de Ley de Vivienda. A esto se une la regulación de los precios del alquiler en zonas de mercado tensionado se aplique a todos los arrendadores de vivienda y no solo a grandes tenedores, es decir, personas jurídicas (empresas e instituciones) propietarias de más de diez viviendas, como prevé el proyecto de ley. El Gobierno calcula que unas 440.000 casas están en manos de estos grandes tenedores (150.000 de empresas y 290.000 de instituciones), lo que supone que la limitación de rentas afectaría a poco más del diez por ciento de las 4,2 millones de viviendas en régimen de alquiler que hay en España.
La tramitación de la ley de vivienda encara su recta final en el Congreso, en la que una ponencia todavía sin constituir deberá debatir 866 enmiendas parciales, mientras los socios de gobierno intentan salvar los últimos tres escollos. Todo con el calendario corriendo en contra del ejecutivo, que se comprometió con Bruselas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a aprobar esta ley en el tercer trimestre del año, lo que previsiblemente incumplirá.
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