Nueva fisura parlamentaria entre los partidos del Gobierno de coalición. Unidas Podemos ha decidido abstenerse en la Ley de Igualdad de Trato que el PSOE registró en el Congreso hace unas semanas, después de que los socialistas optaran por maniobrar en solitario sin contar con su socio en el Ejecutivo. Algo que los morados justifican con no están de acuerdo con que esta norma pueda salir adelante antes que la ley Trans o la ley LGTBI. Estas últimas son precisamente un foco de conflicto en la relación entre los socios. Y que ha motivado que se haya desatado una lucha por las políticas que impulsa el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. Lo que ha reabierto unas heridas similares a las del pasado año por estas fechas, cuando la redacción de la libertad sexual abrió una batalla entre Montero y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
Como señalan fuentes de Unidas Podemos consultadas por La Información, su postura sobre la también conocida como 'ley Zerolo' es compartida con otros grupos parlamentarios, que señalan que "la tramitación de la Ley de Igualdad de Trato no puede suponer el bloqueo de la Ley LGTBi y la Ley Trans en el Consejo de Ministros". Lo que supone que los morados meten presión para que el Ministerio de Presidencia de Calvo incluya ambas legislaciones en el orden del día de la Comisión de Secretarios de Estado, para que así puedan ser llevadas al Consejo de Ministros. Algo que no ha ocurrido esta semana, y que provocó un fuerte enfado en el gabinete de Montero, como contó este medio.
En UP consideran que esas tres normas son "imprescindibles para que el país avance y protejas los derechos en materia de antirracismo, derechos LGTBi y de las personas trans". Por lo que no quieren contribuir a que el texto presentado por los socialistas tenga preferencia sobre las que está elaborando Igualdad. Aunque eso no ha supuesto que hayan optado por bloquearla, como estaba previsto en un principio. "Desde UP no se ha impedido el trámite de la PL para evidenciar una vez más la voluntad de llegar a acuerdos en relación al paquete legislativo antidiscriminatorio completo, que incluye las tres leyes tal y como establece el acuerdo de Gobierno", insisten las fuentes consultadas.
Pero esa mano tendida va acompañada de la determinación de que se dé el visto bueno a los borradores elaborados en el ministerio que dirige Irene Montero. Algo que, según apunta UP, "han expresado los grupos que componen la mayoría que sostiene al Gobierno". Además, recuerdan que los socialistas presentaron "de manera unilateral" su 'Ley Zerolo' dejando varias cuestiones fuera cuando "se habían negociado durante meses por parte de la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial con los colectivos que trabajan la materia". Una serie de medidas que los morados aseguran que llevarán al Parlamento para mostrar su "compromiso en la lucha contra cualquier forma de discriminación".
La postura de Unidas Podemos facilita que el Congreso vaya a dar el visto bueno a la iniciativa del PSOE. Su propuesta lleva el nombre del exdirigente socialista Pedro Zerolo debido a que este fue quien la impulsó hace más de una década. En su articulado, establece que "nadie podrá ser discriminado" por motivos como el origen racial, la religión, la identidad sexual, la enfermedad o la situación socioeconómica. Una protección a numerosos colectivos que se acompaña de sanciones para quienes les ataquen, y que van de los 300 euros al medio millón. Pero nunca llegó a aprobarse, a pesar de que se volvió a intentar en 2019.
Los socialistas decidieron registrar su texto por sorpresa en medio de la pugna por el trabajo que desarrolla el Ministerio de Igualdad. Circunstancia que generó un gran malestar en Unidas Podemos, que desveló que había formado parte de las negociaciones del Gobierno de coalición y que el equipo de Irene Montero ya había comenzado su elaboración. Algo que no hizo más que aumentar la tensión entre los socios. Sobre todo, por la insistencia de Carmen Calvo en rechazar la ley Trans elaborada por la cartera controlada por los morados. El motivo de que no avalara su contenido es que, a su juicio, no garantizaba la seguridad jurídica. Una problemática que se producía por la idea de permitir un cambio de género "sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto 47 millones de españoles".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios