La investigación en la Audiencia Nacional por la compra presuntamente irregular de Emissao por parte del Canal de Isabel II parece no tener fin. El juez al frente de este procedimiento, bautizado como 'Lezo', ha acordado citar como testigos el mes de febrero a siete personas que participaron en el proceso de adquisición de la colombiana en 2013, entre ellas, dos altos cargos del Banco Santander y la entidad colombiana Corpbanca.
Atiende de esta forma la petición formulada por la exdirectora financiera de la empresa pública de aguas María Fernanda Richmond que pretende demostrar antes de que finalice esta parte de la investigación, que la operativa -con la que el juez sospecha que se repartieron mordidas de 5,8 millones de dólares- no fue decisión aislada del Canal sino que estuvo respaldada por expertos de ambas entidades bancarias.
El escrito presentado en sede judicial y al que ha tenido acceso este diario, recoge un correo electrónico del exdirector Financiero de Canal, Luis Gonzalo González, a Fernanda Richmond en febrero de 2013 con la respuesta que el Banco Santander le había trasladado sobre la operación de compra de acciones de Emissao. La misma venía firmada por Luis Marín Moreno, director de Instituciones-Territoral de Madrid de dicha entidad.
La exdirectiva del Canal quiere que el juez Manuel García Castellón les pregunte a ambos en calidad de testigos por el contenido de dicho correo electrónico el cual, siempre según este escrito, recogía varias alternativas para formalizar la compra. Una de ellas proponía enviar el dinero de Panamá a Brasil y otra la creación de una "sociedad vehículo" en el país latinoamericano para capitalizarla y proceder a la adquisición "a través de este nuevo vehículo creado".
En lo que respecta a Corpbanca, el escrito razona que se hace necesario tomar declaración a Daniel Carmona, representante de esta entidad colombiana en España, puesto que el 50% de la financiación que recibió Inassa (la filial del Canal de Isabel II) para la compra de Emissao provino de dicho banco. En esta operación, que se estudió en el comité de crédito, medió Edmundo Rodríguez Sobrino; uno de los principales acusados en esta trama y mano derecha de Ignacio González en Latinoamérica.
Descarta que mediara una empresa pantalla de Uruguay
A estas tres testificales -acordadas para el próximo 7 de febrero-hay que sumar la de Rosario Pérez Álvarez, exdirectora financiera y administrativa de Inassa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 (que también investiga las causas de 'Tándem' y 'Púnica') señala el 12 de febrero a las 16.00 horas para tomarle declaración por videoconferencia desde la Embajada de España en Bogota.
Tal y como consta en la pieza separada de comisiones rogatorias, Pérez Álvarez fue la persona que informó a Rodríguez Sobrino acerca del sistema financiero de Uruguay meses antes de cerrar la compra. En concreto, le expuso que, de sus consultas con las entidades bancarias de allí, concluyó que no era muy buena idea abrir una cuenta a la sociedad Soluciones Andinas (que se iba a emplear como intermediaria) por el alto coste que ello suponía; lo que provocó, siempre según dicho escrito, que Rodríguez Sobrino planteara a la exdirectiva de Inassa que el pago se hiciera desde Colombia por cuenta directamente del Canal.
El magistrado instructor, sin embargo, considera que existe "abundante documentación" en el sumario que vendría a demostrar una sobrevaloración del precio inicial de la operativa de 21,4 millones de euros. De hecho, apuntó que de esa cuantía total habría que restar 5,8 millones de dólares destinados al reparto de "ilícitas comisiones"entre los que participaron en esa operación (incluidos cargos públicos y personas conectadas con Inassa).
Además de estas cuatro citaciones, el magistrado García Castellón incluye en su providencia las de otras tres personas más propuestas por el también acusado y exgerente de la empresa pública madrileña, Adrián Martín. Se trata de Rafael Heredero, Carlos Pernaute y José Antonio Lirola, todos ellos empleados del área de construcción del Canal.
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