Cada vez son más los investigados en macrocausas de la Audiencia Nacional que se oponen frontalmente a que los jueces de instrucción incorporen al sumario las conversaciones supuestamente confidenciales que mantienen con sus letrados pero que acaban siendo grabadas por autorización judicial . El descontento que genera la ausencia de filtro judicial sobre estos 'pinchazos' va en aumento y, en algunos casos, como ocurre en la trama Lezo, ha derivado en una querella por prevaricación contra el magistrado instructor.
El asunto en cuestión afecta al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir quien denunció no solo que se autorizara a la Policía Judicial a que interceptara las llamadas telefónicas que el acusado mantuvo con sus abogados sino que, en vez de suprimirlas, se incorporaran a la causa, facilitando por tanto que todas las partes del procedimiento tuvieran acceso a las mismas. El magistrado, con el criterio favorable de Anticorrupción, las mantuvo en el sumario puesto que en ellas se hacía alusión a una posible falsificación de un informe médico para evitar acudir a una citación judicial.
El respaldo de la Sala de lo Penal al juez Manuel García Castellón, no evitó el estallido de una crisis que enfrentó a este órgano con el Colegio de Abogados, el cual mostró su “más absoluto rechazo” a esta medida al considerar que vulneraba el derecho de defensa del empresario. Tanto es así que su letrado dio un paso más y se querelló contra el instructor en el Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado del mismo. Ahora el alto tribunal debe analizar el contenido de las 11 horas de grabación antes de decidir si admite o no a trámite la querella.
Situación similar se vive en otra de las macrocausas que investiga la Audiencia Nacional; la relativa a la conocida como 'La Rueda de las Televisiones' en la que se investiga un presunto fraude de 100 millones de euros por derechos de autor. Uno de sus principales acusados, el compositor Rafa Tena, ha recurrido igualmente ante el magistrado instructor, Ismael Moreno, la autorización judicial a que se graben las conversaciones abogado-cliente alegando que vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.
Al igual que otros acusados, denuncia que, el hecho de que no se expurgue este contenido le perjudica, de un lado, porque se aporta a la investigación “una importante fuente de información sobre el funcionamiento interno de la SGAE”, y, de otro, porque se vulnera su derecho a la defensa. Eso es así porque no se respetan las normas de confidencialidad que rigen estas conversaciones, según expone en su recurso remitido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso este diario.
¿Conversaciones relevantes para el procedimiento?
La cuestión clave del asunto, según razona, es que la Policía Judicial es plenamente consciente de que cuando practica estos 'pinchazos' está interceptando conversaciones que no pueden obran en la causa ni se pueden utilizar en la investigación, y, no contentos con ello, piden la prórroga de la misma bajo la premisa de que la información que aporta el contenido de esas conversaciones sí es relevante para el procedimiento.
El escrito prosigue que esta intervención de las llamadas telefónicas “de manera indiscriminada y general” va “mucho más allá de lo permitido en la legislación” pudiendo incluso llegar a vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En conversación con este diario,el compositor ha reiterado los extremos recogidos en su recurso y ha explicado que confía en la Justicia.
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