Líder de autodefensas en México detenido acusado de portar armas y drogas

México, 30 jun.- José Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas del estado mexicano de Michoacán, detenido el pasado viernes, está acusado de portar armas y poseer drogas en el momento de su detención, según se informó hoy oficialmente.

La defensa legal de Mireles, sin embargo, negó que el dirigente de las autofedensas, cirujano de profesión, portara armas no registradas o drogas, y denunció una serie de irregularidades cometidas después de su arresto.

El comisionado especial para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, informó en una rueda de prensa que las armas y las drogas fueron localizadas en un camioneta propiedad de Mireles cuando fue detenido junto a decenas de personas.

Castillo dijo que en ese vehículo se localizaron ocho armas largas y seis cortas, municiones, "cuatro bolsas con mariguana, una bolsa con cocaína" y dinero en efectivo.

Mireles fue arrestado junto a 82 personas en el poblado de La Mira, cerca de la ciudad de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, cuando intentaba organizar a sus habitantes para enfrentar a grupos del crimen organizado que operan en la zona.

El Gobierno de México ha venido insistiendo en la necesidad de que estos grupos de autodefensa se registren oficialmente y hagan lo mismo con sus armas.

Castillo recordó que el 14 de abril se acordó con dirigentes de las autodefensas, incluido Mireles, que a partir del 10 de mayo "no se permitiría más la movilización de personas civiles armadas así como la portación de armas de grueso calibre".

Agregó que las armas encontradas a Mireles, de uso exclusivo del Ejército, no estaban registradas.

Respecto a la marihuana y la cocaína encontradas, la acusación es de "posesión simple", y no se ha utilizado en este caso "el delito de narcomenudeo" ni de venta de sustancias prohibidas, "algo que podría constituir una figura con una mayor penalidad".

Mireles fue trasladado a un penal federal del estado noroccidental de Sonora y los tres escoltas que lo acompañaban, acusados de los mismos delitos, a otro del estado de Nayarit, también en el noroeste.

En cuanto al resto de los detenidos el viernes, cinco menores fueron entregados a sus padres y las 74 personas restantes fueron consignados a jueces de distrito para que se termine su presunta responsabilidad en los hechos.

La abogada de Mireles, Talía Vázquez, calificó como "verdaderamente ridículo" el supuesto hallazgo de drogas en el vehículo propiedad del dirigente de los grupos de autodefensa.

"Ahora nada más resulta que el doctor andaba vendiendo bolsitas de marihuana. Es el colmo", dijo en declaraciones radiales la abogada.

También dijo que Mireles no portaba armas y recordó que los escoltas que los acompañaban habían sido anotados en un registro oficial la semana pasada.

La letrada sí aceptó que Mireles llevaba 94.000 pesos (unos 7.000 dólares) en el momento de su detención, pero era una cantidad destinada a hacer dos pagos del vehículo que usaba porque el plazo estaba por vencer.

Las autoridades, sin embargo, dijeron que en el momento de la detención Mireles portaba la tercera parte del dinero que su abogada asegura llevaba.

Mireles fue una de las figuras más visibles de los grupos de autodefensa de Michoacán hasta que sufrió un accidente aéreo, en diciembre pasado, y durante su recuperación quedó marginado de ese movimiento.

En abril pasado comenzó a recuperar notoriedad, pero a principios de mayo fue destituido como portavoz de las autodefensas por un grupo al que Mireles acusó de servir a los intereses de la delincuencia.

Ese mismo mes Castillo anunció que investigaban al médico por su presunta vinculación con la muerte de cinco personas en un choque armado registrado el 27 de abril entre grupos de autodefensa rivales cerca de la ciudad de Lázaro Cárdenas.

Desde que surgieron los grupos de autodefensa, sus dirigentes han protagonizado numerosas disputas internas y recelos recíprocos, así como acusaciones de que en ese movimiento están involucrados los cárteles de la droga.

Desde enero pasado, el Gobierno federal se ha volcado en esa región del oeste de México, enviando a miles de soldados y policías, para hacer frente a los cárteles de la droga, reemplazando al estado y a los municipios en muchas funciones de seguridad.