El rápido acuerdo de Gobierno entre Sánchez e Iglesias servirá para avalar una investidura que se puede aprobar por mayoría simple en el Congreso en una segunda votación, incluso con la posible abstención de los partidos nacionalistas y separatistas. Pero esa investidura nace con un hándicap importante que puede perseguir a esta coalición en las decisiones más importantes a tomar en el Hemiciclo: la necesidad de tener una mayoría absoluta de 176 escaños (o 175 en tercera votación) para sacar adelante, en apenas tres meses, los Presupuestos Generales del Estado o cualquier proyecto de ley, que necesita el apoyo de la mitad más uno en el Congreso.
Esa será de nuevo la primera gran prueba de fuego del Ejecutivo de izquierdas que se está formando tras el abrazo de este martes entre los líderes de PSOE y Unidas Podemos. Sin Presupuestos no se puede gobernar y un mero cálculo de los apoyos con que pueden contar, a priori, demuestra que sin el voto a favor de los 10 escaños de Ciudadanos o los 13 de los independentistas de ERC, será imposible que se lleguen a aprobar las cuentas del Estado, que se pretenden sacar adelante en el primer trimestre del año que viene, tal y como anunció la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la campaña electoral.
Desde PP y Vox ya se ha advertido que los Presupuestos que prepara Sánchez, incluidas ahora las subidas de impuestos que pretende aplicar junto a la formación 'morada' de Pablo Iglesias, son “incompatibles” con sus postulados. A ese rechazo de la derecha se le unirá el de alguna formación autonómica como los navarros de NA+ e incluso Coalición Canaria. Pero con el resto de partidos, incluidos los nacionalistas vascos del PNV, será clave la negociación y el reparto de inversiones y competencias que desde el nuevo Ejecutivo estés dispuestos a ceder. Aún así, su apoyo no llega a la mayoría absoluta, tal y como se demostró cuando se echaron para atrás los últimos Presupuestos de Sánchez y se tuvieron que convocar elecciones.
Una de las grandes incógnitas para lograr los 176 escaños necesarios para sacar adelante los proyectos y las proposiciones de Ley que se tramiten en el Congreso (y para convalidar los reales decretos ley que apruebe el Consejo de Ministros), será el posicionamiento de Ciudadanos, el partido perdedor de las elecciones generales y que está en plena reconversión tras la dimisión de su presidente, Albert Rivera. La portavoz y potencial sucesora, Inés Arrimadas, ya ha rechazado el acuerdo de gobierno de PSOE y PP, pero el futuro y el nuevo posicionamiento de la formación dependerá del Congreso que se celebre para reorganizarlo.
Sin el apoyo de Ciudadanos, la única opción que tienen los nuevos socios de La Moncloa es buscar el apoyo a sus cuentas de los partidos independentistas con representación política, sobre todo de los 13 escaños de ERC, toda vez que será más complicado un ‘sí’ a las cifras del Estado de los radicales de la CUP o EH Bildu. Desde ERC y se ha rechazado el pacto de Gobierno, a no ser que el nuevo Ejecutivo esté dispuesto a sentarse y hablar del problema catalán, que para ellos es hablar de independencia y autodeterminación, dos premisas que siempre se han rechazado en el PSOE y que se han dejado aparte en el pacto sellado ahora para poder gobernar.
Los trámites están en marcha
El presidente del Gobierno en funciones ya ha anunciado su intención de suspender las vacaciones parlamentarias para que los meses de diciembre y enero sean hábiles en las Cortes, con el objetivo de que el nuevo Gobierno pueda presentar los objetivos de déficit, deuda pública y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado a principios de enero, como paso previo para la aprobación de las cuentas públicas de 2020.
Es el conocido como techo de gasto y debe aprobarse tanto en el Congreso como en el Senado, donde basta la mayoría simple. El Senado tiene en este punto capacidad de veto. De hecho, el PP ya utilizó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para tumbar el techo de gasto con el que Pedro Sánchez pretendía elaborar los Presupuestos para 2019. Finalmente, los socialistas tuvieron que ceñirse a la senda de estabilidad que había establecido el PP para diseñar sus cuentas, que finalmente rechazó el Congreso porque no logró la mayoría absoluta, lo que acabó con la legislatura y precipitó las elecciones del 28 de abril. Al final, con PP, Vox y Cs en contra, todo dependía de la postura de los separatistas catalanes de ERC, que se abstuvieron en la votación final.
La tramitación parlamentaria de los PGE es compleja. El Gobierno debe presentarlos ante el Parlamento al menos tres meses antes de que expiren los Presupuestos del año en curso. El plazo ya se ha incumplido y, en consecuencia, a partir del 1 de enero de 2020 se prorrogarán automáticamente los Presupuestos de este año, que son los que diseñó el anterior ministro de Hacienda Cristóbal Montoro para 2018. Será la primera vez en la historia que se ejecuta una prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo.
De cualquier manera, el nuevo Gobierno tendrá que llevar al Congreso sus propios Presupuestos, cuando estén listos, con la idea de aprobarlos cuanto antes. Allí arrancará el debate de enmiendas a la totalidad, que puede desembocar en la devolución del proyecto al Ejecutivo, como la última vez, o en su remisión al Senado, que de nuevo tiene capacidad de veto. De materializarse ese veto, el Congreso solo puede levantarlo con mayoría absoluta. De lo contrario, dos meses después se votaría de nuevo, bastando entonces la mayoría simple. Y si tampoco se alcanzase, el proyecto se considera rechazado y se devolvería al Gobierno para su reelaboración.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios