Un juez acuerda la liquidación de Cemonasa, la filial de OHL concesionaria del tren a Navalcarnero

Tras conocerse esta decisión judicial, los títulos de OHL subían un 5,5 por ciento a las 11.35 horas y se intercambiaban a un precio de 3,895 euros.

La apertura de la fase de liquidación conlleva, entre otros efectos, el cese de las facultades de administración y disposición patrimonial del órgano de administración de Cemonasa, su disolución y la liquidación de todos sus bienes y derechos, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A ello se suma la resolución del contrato de concesión suscrito el 2 de enero de 2008 entre Cemonasa para la construcción, conservación y explotación de la línea ferroviaria entre Móstoles Central y Navalcarnero y la Comunidad de Madrid y el nacimiento de la obligación de pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por parte de la Comunidad de Madrid.

Hace un mes, el alcalde de Móstoles, David Lucas, solicitó una nueva reunión con la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y con el Ministerio de Fomento "para explorar todas las vías que sean necesarias para encontrar una solución" a la paralización de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero.

Lucas volvía a exigir "el reinicio y la terminación" de los trabajos de soterramiento de las vías férreas a su paso por la ciudad y su conexión con el municipio vecino", "Es lamentable la situación en la que se encuentra la ciudad y en la que han dejado en municipio con los túneles hechos y cegados, con la obra sin terminar", decía.

ANTECEDENTES

Se trata de una situación que se extiende en el tiempo, teniendo en cuenta que las obras arrancaron en 2008 y se paralizaron en 2010. Tuvieron que pasar cinco años más para que la empresa adjudicataria presentase reclamación administrativa solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

En 2016, la Comunidad de Madrid le da un plazo de 16 meses para ejecutar la totalidad de las obras. Pero tras las informaciones de que la empresa había empezado a retirarse, el Gobierno regional anunció su intención de emprender las medidas judiciales necesarias.

El Consistorio local se ha decidido personarse en la causa del Ejecutivo autonómico contra la empresa concesionaria, con el fin de reclamar "responsabilidades económicas, judiciales y políticas necesarias por el incumplimiento".