Llamados a la independencia en la formación del nuevo parlamento catalán

"¡Viva la República Catalana!", aseveró en su discurso la recién escogida presidenta de la cámara regional, Carme Forcadell, antigua líder del movimiento ciudadano independentista ahora en la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí) del candidato a la reelección como presidente Artur Mas.

Esta coalición, desde el centroderecha a la izquierda alternativa, consiguió 62 diputados en las últimas elecciones y, junto a la izquierda anticapitalista CUP (10 diputados), también independentista, tienen una mayoría absoluta de los 135 escaños del parlamento regional.

Con esta ventaja parlamentaria, que no se correspondió con una mayoría absoluta de votos (47,8%), quieren emprender un proceso de secesión del resto de España para declarar como máximo en 2017 un nuevo Estado en esta región de 7,5 millones de habitantes.

"Hoy constituimos un parlamento soberano que quiere representar un pueblo libre. Pasamos de un parlamento regional con competencias limitadas y recortadas a un parlamento nacional con plenas atribuciones", aseguró Forcadell, criticada por gran parte de la oposición no secesionista.

"El discurso que ha hecho solo representa una minoría de los ciudadanos", dijo la líder de la oposición, Inés Arrimadas, del partido centroliberal Ciudadanos.

Tras formar el parlamento, donde por primera vez el independentismo es mayoritario, los diputados deben votar el 9 de noviembre al nuevo presidente regional. El principal candidato es Artur Mas pero por ahora no dispone de los apoyos necesarios.

Esto podría provocar que la región llegue sin gobierno a las elecciones legislativas del próximo 20 de diciembre, donde la cuestión catalana puede ser central mientras los conservadores del jefe de gobierno Mariano Rajoy intentan mantener el poder.

En una comparecencia para hacer balance de la legislatura, Rajoy aseguró tener previstos mecanismos para impedir una posible declaración de independencia del parlamento catalán y definió las intenciones de los separatistas como una "deslealtad del gobierno regional con la Constitución" española.

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