Bogotá, 8 jul.- Un oficial del Ejército colombiano y catorce soldados fueron llamados a juicio dentro de un proceso por la ejecución extrajudicial de cinco campesinos que presentaron como paramilitares muertos en combate, informaron hoy fuentes judiciales.
Los procesados conformaban una patrulla de un batallón de infantería que el 25 de mayo de 2005 mantuvieron un supuesto enfrentamiento con irregulares que, según ellos, culminó con la muerte de una mujer y cuatro hombres.
La Fiscalía General precisó en un comunicado que los hechos se presentaron en una zona rural de Monterrey, población en el departamento del Casanare (este).
Las tropas, encabezadas por el teniente Haizer Etiel Meléndez Malagón, reportaron la muerte en combate de cinco paramilitares que estaban armados con un fusil, una pistola y nueve granadas.
Sin embargo, el investigador del caso "estableció que no existió encuentro armado, que las víctimas eran campesinos y que las armas reportadas fueron puestas por los agresores", agregó la fiscalía, que indicó que las víctimas eran un finquero, dos de sus nietos y una pareja que trabajaba en el predio.
"De acuerdo con los testimonios recaudados, entre otras pruebas, las víctimas fueron retenidas por los uniformados, que las obligaron a vestir prendas de uso militar y las condujeron desde la finca (...) hasta el lugar donde fueron ultimadas", explicó la fiscalía.
La entidad judicial advirtió que el oficial y diez de los soldados fueron acusados por los delitos "homicidio en persona protegida múltiple, en concurso con desaparición forzada, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tortura, porte ilegal de armas y concierto para delinquir".
Los otros cuatro soldados deberán comparecer en juicio por homicidio en persona protegida.
La Fiscalía General ha documentado más de dos mil casos de este tipo de ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como "falsos positivos", es decir, de muerte de civiles que son presentados como guerrilleros y, en el caso de estos implicados, como paramilitares, para mostrar resultados y obtener beneficios.
Unos 1.487 militares han sido o son investigados por esta práctica, y al menos un centenar de ellos han sido sentenciados a penas de prisión, la más alta de las cuales, 60 años, fue proferida esta semana en el noroeste del país.
La decisión fue adoptada por un juez municipal que impuso esa pena de manera individual a un teniente y a siete soldados de un batallón que el 14 de marzo de 2006 mataron a cuatro campesinos y los reportaron como guerrilleros muertos en combate.
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