Llamazares considera un "error garrafal" buscar "atajos" contra el terrorismo

Madrid.- Izquierda Unida cree que la propuesta del Gobierno de cambiar la Ley Electoral para que los ediles de partidos ilegalizados pierdan su acta si no condenan la violencia es "un error garrafal", porque a ETA se la combate con armas democráticas y "atajos no nos hacen más fuertes contra el terrorismo".

El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, critica, en una entrevista con EFE, la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que pretende llevar a cabo el Gobierno, y la critica tanto por su contenido como por su forma.

Respecto a esto último, Llamazares cree que es un error que justo la misma semana en la que el eurodiputado popular Jaime Mayor Oreja acusa al Gobierno de tener la misma estrategia que ETA, el Ejecutivo "como si tuviese algo que ocultar", adopta una medida más dura contra el entorno abertzale, una coincidencia que hace parecer que hubiera una relación causa-efecto entre ambas cosas.

"Seguimos en la misma dinámica de debilidad y defensiva del Gobierno", señala el diputado de IU, ante "una calumnia preventiva de Mayor Oreja", algo que considera "inaceptable".

También el contenido de la reforma de la LOREG es criticable, según Llamazares, puesto que es a la Justicia a quien corresponde actuar contra el entorno abertzale.

"La Ley de Partidos y otras medidas de excepción, más que reducir el espacio al entorno de ETA lo que hacen es reducir el espacio democrático de los demás, porque extienden el manto de la sospechas a todos los que no coincidan con los tópicos del sistema, y en una sociedad democrática eso es una forma de agotar el pluralismo democrático", subraya.

Y de esta reducción de derechos puede hablar él en primera persona, después de que el FBI utilizase una fotografía suya para elaborar un retrato robot de Bin Laden.

"Cuando la política exagera en la lucha contra el terrorismo, en vez de acorralar a los terroristas reduce los derechos de los ciudadanos y empequeñece la democracia", insiste.

Por este caso, IU está buscando un despacho de abogados norteamericano que defienda una demanda de Llamazares, un proceso que prevé difícil, "casi como David contra Goliat", porque muchos bufetes no se atreven a enfrentarse a la administración americana, aunque la decisión de seguir adelante "está tomada".

Otros procesos judiciales, las querellas contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, levantan también las críticas de Llamazares, que ve "un escándalo y una vergüenza" que se le pueda sentar en el banquillo por investigar crímenes del franquismo.

"Cuando antes se rectifique esto mejor; si no, tengo la impresión de que quien va a salir descalabrado de todo esto no es Garzón, sino el sistema judicial español", sostiene, antes de apelar "a la cordura" a "estos jueces que bien por venganza, bien por sectarismo, bien por búsqueda de imagen" quieren sentar en el banquillo al magistrado de la Audiencia.

Y es que, en su opinión, a nivel internacional se vería como un "escándalo" que "una organización hitleriana, fascista, acuse a un juez", en referencia Falange Española de las JONS.

"Es el mundo al revés: que el verdugo acuse, que el juez termine siendo culpable y que las víctimas sean ignoradas", advierte.

Arremete también contra el magistrado Luciano Varela, que hace una "interpretación totalmente torticera" de las leyes para "acorralar" a Garzón, cuando "la Ley de Amnistía no era para los dictadores, sino para los que habían encarcelado los dictadores, y la Ley de Memoria Histórica no es una ley de impunidad".

Con casos así se demuestra, a su juicio, la necesidad de emprender una reforma "profunda" del sistema judicial para evitar el "descrédito" de la institución.

Una reforma con cambios como que quien instruya los casos no sea el juez, sino la fiscalía; que la formación de los jueces no se limite a aprobar una oposición, que la inspección sea más efectiva o que se modifique la manera de composición del Consejo General del Poder Judicial, al que, además, también critica por pretender "suspender a un juez demócrata antes de que sea sometido a juicio".

No obstante, no ve posible que se lleve a cabo una reforma así porque PSOE y PP utilizan tradicionalmente la Justicia "como arma arrojadiza".

Respecto a los casos de corrupción política, Llamazares sostiene que jueces y fiscales están adoptando medidas y sentando en el banquillo a quienes se han lucrado con su actividad pública, pero "da la impresión de que desde el punto de vista legislativo y del Gobierno no hay una atención prioritaria".

En todo caso, ve imprescindible atacar la "patología de fondo" que subyace: la especulación urbanística.