El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, informó por carta al fiscal del tribunal alemán que debe resolver la entrega del expresident Carles Puigdemont de que la euroorden de detención cursada contra él reúne todos los requisitos formales y no deben caer en el mismo error que Bélgica.
El magistrado que se encarga del sumario abierto por el "procés" en el alto tribunal ha actuado así para evitar el error de interpretación que, a su juicio, cometieron ayer las autoridades belgas al señalar defectos de forma en la orden europea de detención cursada desde el Supremo contra los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, cuya entrega ha sido denegada sobre esa base.
Los belgas consideraron que la orden europea de detención debe basarse en una orden de detención nacional o un documento con valor ejecutivo similar, dice Llarena en su carta, y añade que sus peticiones de entrega se basan en autos de procesamiento, los cuales tienen un valor no ya igual, sino superior a una orden de detención.
En su carta a la fiscal, el magistrado explica que el tribunal de Bruselas que denegó la entrega de los otros dos exconsejeros investigados al igual que Puigdemont por rebelión y malversación de fondos públicos, basándose en que la OEDE no mencionaba ninguna orden de detención nacional previa a su emisión y que no consideran que el auto de procesamiento que contempla nuestro ordenamiento jurídico fuera equiparable a esa orden de detención, pese a que el Tribunal Supremo español le informó de lo contrario.
Llarena considera contrario al principio de confianza recíproca que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español y, en aras de "evitar alegatos de parte que puedan conducir al mismo error", informa a Alemania de que el auto de procesamiento se incluiría como una de las resoluciones judiciales previstas en el artículo 8.1 de la Decisión Marco del Consejo, según el cual, la información que debe contener una OED es "la indicación de la existencia de una sentencia firme, de una orden de detención o de cualquier otra resolución judicial ejecutiva que tenga la misma fuerza prevista en el ámbito de aplicación de los artículos 1 y 2".
El magistrado también recuerda que el auto de procesamiento que sustenta la OEDE que ha cursado recogía los hechos y responsabilidades atribuidos a Puigdemont, una vez terminada la fase de investigación y se acordaba la medida cautelar de prisión que había sido adoptada al inicio de la misma.
A partir de ese momento, en España, añade Llarena, "dicha resolución es la resolución ejecutiva respecto de la prisión provisional de Carles Puigdemont". En virtud de esa resolución, Puigdemont sería inmediatamente detenido e ingresado en prisión si fuera encontrado en España o se procediera a su entrega, les recuerda también.
Llarena se adelanta de esta forma a la decisión del tribunal alemán y lo hace, según fuentes del alto tribunal, para evitar el "error" de interpretación de las autoridades belgas que este miércoles rechazaron la entrega de los exconsejeros catalanes huidos Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig alegando un defecto de forma en las euroordenes emitidas contra ambos.
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