La entrada de Podemos en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha provocado un enfrentamiento político sin precedentes en el organismo. El PP amenaza con recurrir al Tribunal Constitucional los nombramientos propuestos por el PSOE mientras que el presidente en funciones del Consejo Fernando Marti, reprobado por el Congreso y cuyo mandato de seis años finalizó en diciembre, intentó una maniobra de última hora para bloquear la votación en el Congreso. La Mesa del Congreso, sin embargo, ha autorizado la votación en Comisión de los candidatos propuestos por el Gobierno. Aunque no obtengan los 3/5 de respaldo necesarios, el Ejecutivo podrá nombrarlos por decreto.
La auténticas piedra de toque de lo que ya es un enfrentamiento sin precedentes en torno al CSN es Francisco Castejón, propuesto por Podemos, miembro de Ecologistas en Acción y declarado antinuclear. Castejón es doctor en Física y su máxima para ejercer en el CSN será "la transparencia", según ha declarado a los medios.
Ni el PP, ni el presidente en funciones del CSN, Fernado Marti, lo ven con buenos ojos. Marti dirigió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor para intentar retrasar las votaciones en el Congreso, lo que hubiera dificultado su relevo al frente del Consejo, al tiempo que advertía expresamente contra Castejón. Según Marti, la incorporación del ecologista podría suponer un conflicto de intereses porque el todavía candidato ha cuestionado públicamente la actuación del CSN y también porque "la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias" contra el regulador, "interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales".
Interferencia de Marti
La interferencia de Marti ha provocado un alud de críticas. Greeenpeace, Podemos-Equo y el sindicato de técnicos del Consejo, ASTECSN han cuestionado las acciones del presidente del CSN, a quien acusan, entre otras cosas, de usurpar competencias que no le corresponden al cuestionar la idoneidad de un candidato. Los técnicos sostienen que manifestar una postura antinuclear no invalida a nadie para el cargo. En este sentido recuerdan que Marti fue secretario de Estado de Energía con el PP antes de llegar al CSN y que miembros del consejo se ha declarado abiertamente pronucleares sin que ello haya afectado a sus funciones.
Las referencias a las posiciones de los miembros del CSN nacen de algunas de las batallas soterradas registradas a la chita callando en el organismo en los últimos años. Fuentes del Consejo recuerdan que ha sido habitual la colaboración de presidentes y consejeros del organismo en trabajos a favor de la energía nuclear y declaraciones abiertamente favorables a la industria nuclear de consejeros aún en activo como Javier Dies. La expresidenta del CSN, Maria Teresa Estevan Bolea y el que fuera vicepresidente del organismo, Antonio Colino, colaboraron en estudios de FAES, la fundación creada por José María Aznar.
La injerencia del presidente del CSN en el proceso de renovación del organismo es el último eslabón de una cadena de tropiezos que ha tenido al Consejo como epicentro. El nombramiento del que fue director de seguridad del CSN, Antonio Munuera para dirigir la fábrica de la empresa pública Enusa, en Juzbado (Salamanca) cuatro días después de su jubilación también provocó duras críticas. Finalmente, la SEPI paralizó el nombramiento.
Munuera fue una pieza clave en la posición del presidente del Consejo, Fernando Marti, en el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Entre otras cosas, el director del CSN fue decisivo para que el consejo aprobara en febrero de 2017 la polémica renovación de la licencia de actividad de la central de Garoña. El Gobierno decidió el cierre de la instalación seis meses después.
La renovación del CSN en los próximos días dará al PSOE el control de un organismo clave en el proceso de cierre de centrales. Pero no acabará la pelea. El PP ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno aprueba los relevos antes de que se disuelva el Parlamento, el 5 de marzo. Así lo asegura el portavoz de energía de la formación, Guillermo Mariscal.
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