El Ministerio de Justicia ha anunciado que reforzará la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo con tres letrados coordinadores como parte de su "disposición" de "mejorar" el funcionamiento del Alto Tribunal, después de que éste alertara en reiteradas ocasiones de que se encuentra al borde del colapso por la "extraordinaria carga de trabajo" y la jubilación de varios de sus magistrados en la Sala a cargo de estudiar los recursos contra los indultos del 'procés' y las reclamaciones patrimoniales por la pandemia.
Así se lo ha comunicado este jueves el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, al presidente de dicha Sala, el magistrado César Tolosa, en una reunión que han mantenido, según ha informado el Ministerio en una nota informativa. Desde el Supremo han valorado "muy positivamente" el compromiso adoptado por Justicia de "asumir las peticiones que viene planteando la Sala de Gobierno desde el pasado mes de enero para evitar el colapso en la Sala de lo Contencioso Administrativo".
Según el Ministerio, Olmedo ha mostrado la "firme disposición" del Departamento dirigido por Pilar Llop "de acometer cuantas reformas procesales sean necesarias para mejorar el funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales y, muy singularmente, del Tribunal Supremo, atendida la relevante función que presta". Desde Justicia han precisado que el secretario general ha trasladado a Tolosa la voluntad del Ministerio de que las reformas propuestas sean incorporadas, vía enmienda, al Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.
Petición al Supremo
Olmedo ha manifestado que el Ministerio "comprende" las dificultades que generará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo la tramitación y resolución de la "bolsa enorme de asuntos de responsabilidad patrimonial" que le ha referido el magistrado presidente. Al hilo, el secretario general se ha mostrado "favorable" a las medidas de refuerzo propuestas por la Sala que preside Tolosa, que incluyen la dotación de tres letrados coordinadores --con la categoría de magistrado-- que se hagan cargo de las labores de gestión y auxilio técnico a la sección de enjuiciamiento correspondiente.
Según ha informado Justicia, Olmedo también ha trasladado al magistrado que el Ministerio "está trabajando en una reforma legislativa que acabe con la situación de diferencia retributiva que, desde la reforma del año 2015, sufren los letrados coordinadores del Tribunal Supremo en función del cuerpo de procedencia". El Supremo ha asegurado que valora "muy positivamente" el anuncio del Ministerio de impulsar esta reforma legislativa para atender "eficazmente" la "litigiosidad en masa", para permitir que los juzgados suspendan causas que presenten "identidad jurídica sustancial" con recursos pendientes de casación ante el Alto Tribunal, hasta que sus magistrados se pronuncien al respecto.
Inversión del Ministerio
Desde Justicia han insistido en que desde 2015 el gasto se ha ido incrementando "progresivamente", hasta "haberse triplicado en los últimos dos años". En el marco de la nota informativa, el equipo de Llop ha destacado que en el primer semestre de 2022 se han destinado 9,7 millones de euros para "reforzar el plan de choque para el Poder Judicial". "Esta inversión se ha hecho con el objetivo de paliar los efectos ocasionados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de tres años en funciones", ha señalado el Ministerio.
Según ha recordado, en 2021 se destinaron 10.893.475 euros para reforzar el Poder Judicial. El Ministerio destinó este montante a refuerzos de naturaleza jurisdiccional, consistente en la designación de jueces y magistrados de refuerzo. Parte de ese presupuesto se destinó a designar 12 letrados de refuerzo del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. "Se estima que al final del ejercicio 2022, el Ministerio que Justicia habrá hecho una inversión de más de 13 millones de euros", ha indicado el Departamento. Además, se prevé que a partir del próximo 30 de junio, una vez finalizada la moratoria concursal, la jurisdicción mercantil y los juzgados de primera instancia tendrán una carga mayor de trabajo, para los que se ha previsto destinar los casi tres millones de euros restantes del presupuesto global.
Protección del medioambiente
Este mismo jueves, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha participado en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (UE) que se ha celebrado en Luxemburgo. Según ha informado Justicia, en las deliberaciones legislativas se ha tratado la propuesta de reglamento sobre acceso transfronterizo a la prueba electrónica en materia penal.
También se han alcanzado acuerdos sobre la propuesta de directiva relativa a la protección del medio ambiente a través del Derecho penal y la propuesta de reglamento sobre intercambio digital de información en casos de terrorismo que modifica el reglamento de Eurojust; así como sobre el reglamento por el que se crea una plataforma de colaboración para apoyar el funcionamiento de los equipos conjuntos de investigación. En relación con la directiva sobre protección de medioambiente mediante el Derecho Penal, el secretario de Estado de Justicia se ha mostrado a favor de armonizar las penas imponibles a los casos de negligencia grave y, a pesar de considerar necesario un mayor debate técnico, ha reconocido los esfuerzos de la Presidencia para agilizar la negociación. En cuanto al reglamento sobre intercambio de información digital en casos de terrorismo transfronterizo, Rodríguez ha asegurado que a España le "satisface el acuerdo alcanzado, ya que el texto mejora notablemente el marco jurídico de Eurojust y, en particular, refuerza su papel en la lucha antiterrorista".
El secretario de Estado ha participado también en las sesiones sobre la protección de datos personales en el marco de las transferencias internacionales y sobre la lucha contra la impunidad en Ucrania. Rodríguez ha mostrado también el apoyo de España a una declaración unilateral política conjunta de la Unión Europea para la protección de los menores desplazados por la guerra. Al hilo, se han adoptado las conclusiones sobre la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño, que, como novedad, incluyen una mención a la protección de los menores en situación de crisis y a su protección como consecuencia también de esta guerra.
Aniversario de la Fiscalía Europea
Los representantes de Justicia de los países miembros han celebrado, además, el primer aniversario de la Fiscalía Europea, que comenzó a funcionar el 1 de junio de 2021, y que desde España ha contado con el impulso de la ministra de Justicia. Por otro lado, en los márgenes de esta sesión del Consejo, el secretario de Estado de Justicia español ha recordado que el 1 de julio de 2023 se iniciará la presidencia española del Consejo de la UE, "en la que España ya trabaja y que se caracterizará por un fuerte compromiso con los valores europeos, de especial importancia en el momento actual". El secretario de Estado ha aprovechado este viaje a Luxemburgo para mantener una reunión bilateral con Kövesi y con la fiscal europea en representación de España, María Concepción Sabadell, en la que han puesto en valor el apoyo del Gobierno español para la creación de la Fiscalía Europea, y la importancia de "seguir trabajando para asegurar su éxito".
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