López Madrid pide expulsar del caso Lezo al Gobierno de Ayuso por falta de pruebas

Javier López Madrid no está dispuesto a que las presuntas irregularidades en la adjudicación de OHL para construir el tren de Nalvacarnero le dejen a un paso del banquillo de los acusados. Por ello, el empresario ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que expulse a la Comunidad de Madrid del procedimiento que investiga si se cometió prevaricación con esta licitación. La administración regional figura como acusación particular en la causa porque dice que sufrió un grave daño patrimonial con la obra que nunca llegó a realizarse y que fue tasada inicialmente en 363 millones de euros.

Tras pedir un careo en sede judicial con Francisco Granados y David Marjaliza, ahora el exconsejero independiente de OHL actúa contra el Gobierno que preside la popular Isabel Díaz Ayuso. En su escrito del pasado día 30 de marzo y al que ha tenido acceso este diario, el exconsejero independiente de OHL deslegitima al letrado de la administración regional al asegurar que "carece por completo de la condición de acusador" en esta pieza tercera del caso Lezo porque, para empezar, ni tan siquiera figura formalmente como tal en el procedimiento.

Por ese motivo pide al magistrado instructor que se le limite el acceso a las diligencias de la investigación y que tampoco pueda participar activamente en el caso. Según esgrime, pese a tratarse de una causa que suma ya cerca de tres años de antigüedad, no se ha podido acreditar irregularidad en la licitación que se concedió desde el Gobierno de Esperanza Aguirre y en la que presuntamente medió el entonces vicepresidente madrileño Ignacio González. Según su razonamiento, si la administración no ha podido poner cifra al perjuicio causado con esta adjudicación, no hay, por tanto, comisión del delito de prevaricación. 

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No obstante, los interrogatorios practicados hasta el momento así como las diligencias que Anticorrupción ha llevado a cabo vendrían a poner sobre la mesa el presunto pago de un mordida de 1,4 millones de euros a cambio de lograr la faraónica obra ferroviaria con la que se pretendía unir las localidades de Móstoles y Navalcarnero. Al parecer, en el año 2007 se efectuaron pagos que ascienden a los 2,5 millones de dólares desde dos filiales de OHL en México a una cuenta en Suiza. La sociedad destinataria de este importe fue la panameña Lauryn Group Inc., vinculada al empresario de la 'jet', Adrián de la Joya.

Los investigadores también se han apoyado en las anotaciones que reflejó entonces López Madrid en su libreta, en la que apuntó que había que 'darle instrucciones a Nacho'. Preguntado por este asunto en sede judicial dijo que no recordaba a qué 'Nacho' se refería pudiendo ser Ignacio González (como sospechan los investigadores) o Ignacio Palacios, exjefe de gabinete y presunto testaferro de Francisco Granados. Sea como fuere, lo que está claro es que la partida de los 1,4 millones de euros se la quedó De la Joya como él mismo explicó ante el juez porque, según expuso, OHL le debía dinero por unos trabajos en África. 

Juan Miguel Villar Mir, por su parte, dijo en su interrogatorio que desconocía que se había efectuado este pago desde cuentas de la constructora que presidía y que, tras averiguarlo, mandó llevar a cabo una investigación interna. Sin embargo, el peritaje más destacable aportado en esta parte concreta del procedimiento es el que encargó Anticorrupción al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. El mismo analizó los requisitos de solvencia exigidos por la Comunidad de Madrid a través de la pública Mintra y, tras estudiar las ofertas presentadas por otras empresas licitantes como Sacyr, concluyó que OHL obtuvo la puntuación necesaria para adjudicarse el proyecto. 

El escrito que ahora aporta López Madrid a la causa se hace eco de este trabajo y asegura que las conclusiones plasmadas reflejan que no se ha producido daño patrimonial a la Comunidad de Madrid. Incluso alega que el contrato de las obras del tren de Navalcarnero también ha estado bajo la lupa de procesos contenciosos-administrativos en los que la Comunidad de Madrid "ni siquiera sugirió" la nulidad de la resolución de la adjudicación. Hace apena un mes, el constructor David Marjaliza declaró como testigo en esta causa que en una comida que mantuvo con López Madrid y Francisco Granados, el primero dijo que la licitación la obtuvo gracias a Ignacio González mientras que el segundo se arrogó la adjudicación a OHL y reprochó al empresario que le debían a él un millón de euros gracias a su intermediación.