El empresario Javier López Madrid ha recurrido ante la Sala de la Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez instructor Manuel García-Castellón de procesarlo por un delito de cohecho activo en el que habría incurrido por contratar en 2013 al entonces comisario José Manuel Villarejo para acosar a la doctora Elisa Pinto, con la que mantenía un conflicto de carácter personal, insistiendo en que "jamás" hubo tal encargo.
López Madrid ha presentado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el magistrado rechazara uno anterior de reforma donde el empresario aseguraba que "jamás" contrató ni a Villarejo ni a nadie para hacer algo a la doctora Pinto. En esta nueva impugnación incide en que "no existe indicio alguno de delito" en su contra, haciendo hincapié en que ni siquiera concurrirían los elementos que conforman el delito de cohecho activo, por lo que solicita a la Sala de lo Penal que archive la causa para él.
Con carácter subsidiario, López Madrid plantea que se ordene reabrir las investigaciones judiciales, argumentando que, si García-Castellón ha concluido que hubo un encargo a Villarejo, habrá que determinar de qué se trata, "pues no todo encargo a un funcionario público se alza como cohecho, sino sólo aquel encargo que guarde relación con la función o cargo de tal funcionario y que revele la existencia, anudada al encargo, de 'dádiva, favor, retribución o promesa'".
En este sentido, el recurso esgrime que el auto del pasado 27 de julio, donde el instructor propuso juzgar a López Madrid y Villarejo, "únicamente concluye la existencia indiciaria de una relación de prestación de servicios, pero no da por probada la existencia de contraprestación abonada o prometida" por el empresario al comisario. Y, es más, añade, el propio juez "concluyó que no existe prueba alguna de aquella contraprestación".
"Chiquitín, daños y perjuicios"
Se refiere a una conversación del 26 de enero de 2017 donde Villarejo dice que reclamará a López Madrid un pago por las gestiones respecto a Pinto y que para el instructor constituye "un poderoso indicio" de que "se produjo un encargo". "Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado y tal y cual, hablaré con él, con Javierito... Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao' y ni me has llamado para decirme (...) Le voy a decir: 'Chiquitín, daños y perjuicios", decía Villarejo.
La defensa de López Madrid sostiene que "en el fragmento que se transcribe el señor Villarejo no dice que vaya a reclamar a quien llama 'Javierito' la entrega de una cantidad convenida o la entrega de 'un dinero adicional al entregado', sino que va a reclamarle la entrega de una cantidad por los daños y perjuicios que le ha generado 'meterse en un embolao'". "No hay duda: aún suponiendo que se hubiera trabado una relación de la naturaleza que fuera entre el señor Villarejo y el señor López Madrid, jamás en la misma se fijó precio o contraprestación que revista el carácter de dádiva", afirma el escrito.
"Lo mollar" en la AN es el presunto cohecho
López Madrid ha acudido a la Sala de lo Penal después de que García-Castellón confirmara su procesamiento desdeñando la pretensión del empresario de que tuviera en cuenta lo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid sobre los mensajes y llamadas amenazantes que él y su entorno habrían recibido de Pinto. En un auto del pasado 28 de septiembre, el juez aclaró que en la Audiencia Nacional no se investiga "quién inició la situación de acoso, si se produjo por ambas partes, ni las consecuencias -incluso físicas- que se produjeron".
Esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto entre López Madrid y Pinto
En este sentido, subrayó que "incluso en el caso, y a los meros efectos dialécticos, de que se partiese de que el acoso se llevó a cabo por Elisa Pinto, ello resultaría independiente de si se ha llevado a cabo por Javier López Madrid un delito de cohecho activo". García-Castellón recordó que "lo mollar" en esta causa es "la existencia de indicios de la contratación de los servicios de un comisario del Cuerpo Nacional de Policía en activo", Villarejo, por parte de López Madrid, algo que considera acreditado a nivel indiciario.
Pulso judicial
Al poner fin a la instrucción de esta pieza separada 24 de la macrocausa 'Tándem', García-Castellón también propuso juzgar a Villarejo y su socio Rafael Redondo por cohecho pasivo. Pinto ha pedido seis años de cárcel para el ahora comisario jubilado y para López Madrid. Lo que intenta dilucidar la Audiencia Nacional es si López Madrid contrató a Villarejo en septiembre de 2013 para hostigar a la doctora. Según el juez, primero la habrían advertido en persona, para pasar después a seguimientos e incluso interferir en la investigación policial, una vez que Pinto denunció al empresario.
Sin embargo, esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas en los juzgados de instrucción de Madrid. El año pasado, el Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid propuso juzgar a López Madrid por delitos de acoso y amenazas --al que después sumó un delito de lesiones--, y a Villarejo por las heridas que habría causado a Pinto al apuñalarla en 2014 con un objeto punzante cuando bajaba del coche con su hijo de 10 años.
Por otro lado, el Juzgado de Instrucción 26 investiga presuntos delitos contra la integridad moral y de amenazas sufridos por López Madrid, que ha instado a abrir juicio contra Pinto por las cientos de llamadas que entre 2013 y 2014 habrían recibido él y su entorno. La doctora, en cambio, ha pedido el archivo. Cabe recordar que López Madrid fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso 'Lezo'.
También está investigado en 'Púnica' por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.
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