El consejero de Interior, Justicia y Víctima que las circunstancias actuales para alcanzar un acuerdo con el PSOE que permita renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) "son muy difíciles", y achaca el bloqueo a la presencia de Podemos en el Gobierno.
Estas manifestaciones, realizadas en una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, las realiza López a dos días de que, el próximo miércoles, se produzca una reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado. En este encuentro se esperaba poder superar la actual situación, que está impidiendo los nombramientos que llevan meses pendientes en los citados órganos y también en otras instituciones como el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE).
"Somos conscientes de que tenemos que cumplir con las previsiones legales, hay que renovar los órganos constitucionales en plazo, pero tienen que darse las circunstancias adecuadas para conseguir el acuerdo político que la Constitución establece", ha afirmado el también secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP, a quien se atribuye una responsabilidad clave en las negociaciones junto con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.
Para López, con un Gobierno en el que una gran parte importante está formada por un partido "que es un partido antisistema que ataca permanentemente el orden constitucional, que ataca al poder judicial nada más y nada menos que en la boca del vicepresidente del gobierno y líder de ese partido, que está pidiendo la abdicación del jefe del estado, comprometiendo el orden constitucional, es muy difícil alcanzar acuerdos".
Ha insistido en que para el PP es difícil "abstraerse de la presencia de ese partido político en el el Gobierno" y atribuye la responsabilidad directamente a Sánchez, del que ha dicho que ·era consciente de las dificultades que iba a tener de gobernabilidad. Si a esto le añadimos que el primer gran nombramiento de este gobierno fue el de la fiscal general del estado nada más y nada menos que en la persona de la que era hasta ese momento ministra de Justicia y diputada del PSOE las circunstancias que rodean todo esto hacen muy difícil esa negociación", ha añadido. Insiste en que el PP trabajará "cuando las circunstancias sean las adecuadas, y siempre con un objetivo claro, que es proteger, defender, la imagen, la percepción de los ciudadanos, de independencia del Poder Judicial".
Para que se aprueben estas renovaciones, las fuerzas que componen el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, sólo suman 155 escaños en el Congreso y necesitarán principalmente el concurso del PP, ya que algunos de estos puestos requieren mayorías cualificadas. Así, entre los órganos pendientes de renovar se encuentra el CGPJ o del TC, cuyos integrantes deben contar con el apoyo de tres quintos del Congreso (210 diputados), por lo que los socialistas y la formación morada deben sumar 55 votos a los 155 que suman entre ambos.
El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero éste acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un mensaje de Whatsapp del 'popular' Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".
El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos, y entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.
En pendientes está también la renovación de los cuatro de los 12 miembros que conforman el TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado noviembre. Hace un año el presidente del Alto Tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.
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