Un candidato a la presidencia, el expresidente Carles Puigdemont, y cuatro exconsejeros, ahora diputados al Parlament, en busca y captura tras su huida a Bélgica. Dos exconsejeros encarcelados por orden del Tribunal Supremo a los que se suman otros cinco que renuevan su escaño pese a su imputación en ese tribunal por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. A ellos se añaden dos antiguos cargos de la Generalitat detenidos e imputados en la Operación Anubis del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum del 1-O. Y un nuevo diputado (uno de los 'Jordis') encarcelado por organizar el asedio a la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre mientras la registraba la Guardia Civil.
Son dos las causas judiciales que sobrevuelan la nueva composición del Parlament de Cataluña salida tras las elecciones de ayer, en las que los ciudadanos de esa comunidad volvieron a dar la mayoría absoluta a las fuerzas independentistas. En total, son 18 los nuevos diputados que ya están encausados, de los cuales tres se encuentran en prisión y cinco huidos de la justicia en Bélgica. Los casos en los que constan como investigados son: el que investiga todo el proceso independentista en el Supremo, instruido por el magistrado Pablo Llarena, y el caso Anubis, dirigido por el Juzgado de Instrucción 13 por la organización de la consulta ilegal.
En la primera de ellas, el magistrado Llarena ha revocado las órdenes europeas e internacionales de detención contra Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura), Antoni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura), todos ellos reelegidos ahora. Pero mantiene viva su orden de busca y captura española por lo que, si quieren tomar posesión de sus escaños, tendrían que volver a Cataluña y serían detenidos y enviados a prisión nada más pisar territorio español. Eso no quiere decir que no puedan ejercer sus cargos. Mientras no haya condena firme, no están inhabilitados y su presunción de inocencia permanece intacta. Pero podría darse que tuvieran que hacerlo desde la cárcel.
En ese mismo caso se encuentran imputados y en prisión provisional incondicional el exvicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior (reelegido por JxC) Joaquim Forn y el líder de ANC Jordi Sànchez, diputado electo en las listas de esta última formación por Barcelona. Del mismo modo que el expresidente y el resto de huidos, todos ellos podrán ejercer sus cargos en tanto no sean sentenciados en firme y, por tanto, inhabilitados.
En ese mismo caso se encuentran imputados, aunque en libertad, los diputados de JxC y exconsejeros Jordi Turull (Presidencia) y Josep Rull (Territorio), así como Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo), estos últimos en las listas de ERC. Llarena, por último, mantiene investigados, pero también libres a los miembros de la Mesa del Parlament Carme Forcadell (ERC) y Lluís Guinó (JxC).
Entre los nuevos diputados catalanes encausados, se encuentran además Josep Maria Jove y Josep Lluís Salvadó, ambos elegidos en las listas de ERC por Tarragona. Los dos fueron detenidos el pasado 20 de septiembre por la Guardia Civil en la Operación Anubis, que investiga el uso irregular del censo y la organización del referéndum ilegal del 1-O, dirigida por el titular del Juzgado 13 de Barcelona Juan Antonio Ramírez Sunyer. Tras prestar declaración, los dos fueron puestos en libertad. Ahora, al convertirse en aforados, su caso tendrá que investigarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el Supremo.
Hoy mismo, el Supremo ha imputado por rebelión a Marta Rovira, secretaria general de ERC, a Mireia Boyá, hasta ahora presidenta del grupo parlamentario de la CUP, a Anna Gabriel, actual portavoz, a Artur Mas, presidente del PDeCat, a Marta Pascal, su coordinadora general y a Neus Lloveras i Massana, presidenta de la Asociación de Municipios Independentistas. De estos, solo Marta Rovira ha renovado su acta de diputada tras las elecciones del jueves.
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