Los afectados de Contsa recurren para imputar a otras 15 personas

Sevilla, 11 sep.- Varios afectados por la presunta estafa piramidal de la inmobiliaria sevillana Contsa han recurrido el procedimiento abreviado dictado contra el dueño de la empresa y su esposa y han pedido que se impute a otras quince personas, entre ellas el empresario Luis Castel.

En su recurso, al que ha tenido acceso Efe, un grupo de afectados se opone al fin de la investigación decidido por la juez de instrucción 17 de Sevilla y considera que existen delitos que no han sido investigados y que hay otras personas que no han sido imputadas pese a su participación en la "distracción" de fondos de la inmobiliaria.

Entre ellos, citan al empresario sevillano Luis Castel, que durante la fase de instrucción declaró en relación con la compra de un crédito de tres millones de euros y un piso de 400.000 euros al dueño de la empresa, José Salas Burzón, en semanas previas a la suspensión de pagos.

Además, piden que se impute al suegro de Salas, a su chófer, a socios del empresario, a una empleada de Cajasol y a varios acreedores que presuntamente cooperaron "en la distracción de bienes inmuebles pertenecientes a las empresas del Grupo Contsa".

Los afectados recurren ante la Audiencia de Sevilla contra el auto de la juez de instrucción que acordó abrir procedimiento abreviado contra el empresario y su esposa por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, delito societario y alzamiento de bienes.

La defensa de Salas Burzón, sin embargo, ha dicho a Efe que no va a recurrir este auto de procedimiento abreviado.

Según la juez, Salas Burzón ofrecía intereses de entre el 5 y el 45 por ciento mediante inversiones en las 39 empresas que constituyó a partir de diciembre del 2000, algunas de ellas sin actividad y todas ellas de propiedad suya, de familiares y de amigos.

Su "modus operandi" consistía en una "estructura piramidal", según la juez, ya que su empresa "no tenía otra actividad real que permitiera soportar la carga financiera y los compromisos de devolución de capital a corto plazo".

Junto a la imputación de otros presuntos cómplices, la acusación particular pide que antes de cerrar la instrucción se investiguen otros aspectos del caso como los dos procedimientos judiciales instados por los administradores judiciales de Contsa contra Banesto y La Caixa.

Dice el recurso que estas dos operaciones tuvieron "enorme trascendencia económica" pues las entidades se vieron obligadas a devolver dinero que pertenecía a Contsa, por lo que "resulta evidente que, cuanto menos, debe constar en autos la declaración judicial de los representantes legales de estas entidades que decidieron sobre las operaciones que han sido declaradas ilícitas".