Los afectados por el cierre del espacio aéreo se preparan para llevar a aena a los tribunales

La agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, representada por los abogados de Cremades & Calvo-Sotelo, presentó hoy una demanda colectiva de responsabilidad patrimonial contra Aena y el Ministerio de Fomento por los hechos ocurridos los días 3 y 4 de diciembre de 2010, cuando los controladores aéreos faltaron a sus puestos de trabajo alegando "incapacidad para cubrir el servicio". La importancia de la reclamación radica, según los abogados, en que es "el primer paso para la previsible vía contencioso administrativa".
La demanda se presentó a las 10.04 de esta mañana e incluye las firmas de 5.000 afectados por el cierre del espacio aéreo durante el pasado puente de la Constitución. Después del verano se presentará otra demanda colectiva en nombre de otros 5.000 usuarios y no se descarta presentar una tercera antes de que cumpla el plazo legal, el próximo 3 de diciembre.
Los abogados se mostraron muy satisfechos con el desarrollo del proceso y aseguraron que la demanda presentada hoy está "jurídicamente muy bien fundamentada". Así lo avalan, indicaron, las 23 cajas llenas de documentación que ofrecieron junto al escrito, de 60 páginas.
Desde este momento, Aena y el Ministerio de Fomento tendrán seis meses para estimar o desestimar la reclamación. Los abogados de los afectados se mostraron convencidos de que Aena la rechazará y, si eso ocurre, advirtieron de que llevarán el caso a la vía contencioso administrativa; es decir, será un juez quien decida.
De esta manera, a partir de este momento quedan abiertas dos vías para resolver este conflicto: la penal, por la que se juzgará a los controladores, y la administrativa, que evaluará la responsabilidad de Aena y del Ministerio de Fomento.
En declaraciones a Servimedia, el abogado Luis Vericat aseguró estar "convencido" de que van a ganar esta causa. Lo que no sabe es "cuándo ni cuánto". Desde Cremades & Calvo Sotelo piden una indemnización de hasta 10.000 euros por persona; una cuantía que consideran "razonable", aunque admiten que "cuantificar un daño moral es muy difícil" y que la cifra final será la que determine el juez.