Los afectados por el despido en Trapa anuncian que acudirán a los tribunales

  • Los afectados por el despido, mediante un expediente de extinción, en la chocolatera palentina Trapa, actualmente en concurso de acreedores y que perteneció a Nueva Rumasa, han anunciado hoy que acudirán a los tribunales para reclamar 60.000 euros en su conjunto como parte de su finiquito y atrasos.

Palencia, 2 feb.- Los afectados por el despido, mediante un expediente de extinción, en la chocolatera palentina Trapa, actualmente en concurso de acreedores y que perteneció a Nueva Rumasa, han anunciado hoy que acudirán a los tribunales para reclamar 60.000 euros en su conjunto como parte de su finiquito y atrasos.

Pedro Atienza, exdirector de fábrica de Trapa y uno de los afectados por el ERE extintivo, ha asegurado hoy a Efe que se ha producido supuestamente "una ilegalidad", tras el pacto alcanzado por los sindicatos y los administradores concursales.

"El acuerdo contemplaba una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 13 cuotas y media, pero nos han comentado que por ahora debemos cobrar a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y la Ley sólo contempla un pago máximo de 12 mensualidades, lo que nos quedaría mensualidad y media pendiente", ha asegurado Pedro Atienza.

Las declaraciones de Pedro Atienza han tenido lugar hoy durante una concentración mantenida por más de medio centenar de personas en representación de los 37 afectados por el ERE de Trapa y sus familias a las puertas de la factoría chocolatera palentina situada en Dueñas, junto a la A-62 (Burgos-Portugal) en Dueñas (Palencia).

Durante más de dos horas los concentrados, que portaban pancartas con lemas como "Queremos cobrar ya" o "Despedidos de Trapa, queremos cobrar lo que nos deben", han exigido a la administración concursal que pague los emolumentos pendientes del acuerdo, que fue ratificado por el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Palencia.

A juicio de Araceli Martínez, una de las trabajadoras afectadas, "la empresa nos debe una media de 2.000 euros por trabajador y los afectados entendemos que el pacto alcanzado entre sindicatos y administración concursal, así como la firma del acuerdo por parte del juez, es ilegal".

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