Madrid.- La Federación de Cines de España ha abogado hoy por que "se descargue" a las salas de varios derechos que pagan en la actualidad, y también por la racionalización de la gestión colectiva de derechos, de forma que las entidades dedicadas a este fin no fijen los precios unilateralmente.
Así lo ha manifestado a Efe el asesor de la FECE Agustín González, quien ha expuesto estas peticiones ante la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
"Vamos a defender que se trate a los cines españoles igual que a los cines franceses, que se descargue a las salas de una serie de derechos que se pagan en España y no en el resto del mundo, fundamentalmente a los actores, artistas, intérpretes y ejecutantes, que ya cobran por parte del productor", ha indicado González.
La FECE también ha apostado por racionalizar la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.
"Creemos que las entidades de gestión hacen un trabajo esencial y nosotros colaboramos con la mayoría de ellas, pero es necesario introducir unos criterios de racionalización, fundamentalmente en materia de fijación de precios".
Se trata, ha dicho González, de que estas entidades no fijen los precios unilateralmente, sino a través de un organismo mediador como podría ser la futura Comisión de Propiedad Intelectual, cuya creación está prevista en la futura Ley de Economía Sostenible, que recoge medidas de protección de los derechos de autor y contra la piratería en internet.
Para el asesor de la FECE el problema de la piratería en España, "no mayor" que en otros países, requiere ser abordado de forma integral y no sólo mediante medidas represivas.
"La solución represiva de la Ley de Economía Sostenible es sólo una parte", pero tanto esto como la modificación de la Ley de Economía Sostenible será insuficiente si no se avanza también en "educación, información, medidas tecnológicas de protección y desarrollo de negocios legales de oferta de contenidos", ha aseverado.
Además, ha apuntado que la disposición final de la Ley de Economía Sostenible en la que se recogen las medidas antipiratería "adolece de una serie de defectos técnicos que deben ser revisados en profundidad para que no haya problemas".
Uno de los aspectos a revisar ha de ser "la coordinación de la ley española con la directiva europea de comercio electrónico, para que la atribución de competencias a los jueces esté bien asignada".
González también se ha mostrado en contra de atribuir a la Audiencia Nacional las competencias para el cierre de páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual, tal y como prevé el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno.
"Hay ya unos juzgados especializados que son los de lo Mercantil", ha apuntado.
Respecto a las pérdidas que la piratería ocasiona al sector de la exhibición cinematográfica española, ha citado un estudio que cifra en un 30 por ciento el descenso de espectadores entre el 2005 y el 2009, si bien esta disminución es atribuible "sólo en parte" a las descargas ilegales.
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