Por los gastos del 1-O y Diplocat

Los consejeros salientes del Tribunal de Cuentas ultiman el procés para juzgarlo

La consejera Margarita Mariscal de Gante dicta su última providencia en la que emplaza a investigados y acusaciones a comparecer ante la Sala de Enjuiciamiento. Posteriormente se presentarán las demandas.

Artur Mas y Carles Puigdemont, en la investidura del segundo.
Artur Mas y Carles Puigdemont, en la investidura del segundo.
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El Tribunal de Cuentas ha dado el paso para enjuiciar conjuntamente los gastos del 1-O y de la Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña. La consejera Margarita Mariscal de Gante, que en los próximos días dejará su cargo después de que las Cortes hayan dado luz verde a la renovación del órgano fiscalizador, ha dictado su última providencia para emplazar a las defensas de los investigados y a las acusaciones para que en los próximos días comparezcan en la Sección de Enjuiciamiento, lo que abre la vía a que las partes acusadoras puedan presentar formalmente su demanda por los hechos contables irregulares que se atribuyen a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont.

En la providencia, a la que ha tenido acceso La Información, De Gante señala que se da por recibidas en el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento las actuaciones seguidas "como consecuencia de presuntas irregularidades contables puestas de manifiesto en relación a diversas salidas de fondos destinados a afrontar los gastos para la realización de la consulta o proceso de participación ciudadana llevado a cabo en la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre de 2017 y al destino dado a algunos de los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña correspondiente a los ejercicios 2011- 2017". 

Así, visto el contenido de las conclusiones del acta de liquidación provisional de 28 de enero de enero de 2020, por el que se reclamó 4,1 millones de euros que se consideraron desviados de los fondos públicos para organizar el referéndum ilegal, así como las expuestas en el acta de liquidación provisional complementaria del pasado 29 de junio, por el que se estimó que el perjuicio ocasionado a las arcas públicas catalanas desde el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) fue de 5,4 millones de euros, se procede a abrir el trámite previo para enjuiciar en un único procedimiento contable a los exresponsables del gobierno catalán, tal y como estaba previsto.

Fuentes de las defensas consultadas por este diario recuerdan que aún quedan pendientes varios asuntos antes de que los presuntos responsables contables se sienten en lo que puede ser el 'banquillo' del Tribunal de Cuentas. Por un lado, la delegada instructora Esperanza García debe dar oficialmente el visto bueno a las cantidades y bienes inmuebles que la treintena de investigados aportaron para hacer frente provisionalmente a los más de 5 millones de euros reclamados por los costes de las denominadas 'embajadas catalanas' y actividades del Diplocat. Todo ello después de que no aceptara el aval que presentaron a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat. De lo contrario, la instructora debe proceder al embargo de bienes.

La delegada, tras pedir opinión a la Abogacía del Estado, que declinó pronunciarse sobre la validez legal del mecanismo empleado por la Generalitat para hacer frente a las fianzas, ya que estaba ante un "conflicto de intereses" al encontrarse personada en el procedimiento, concluyó que el "afianzamiento mediante fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado", por lo que rechazó las garantías presentadas por el Govern de Pere Aragonès. Por todo ello, el expresidente de Cataluña Artur Mas y los exconsejeros Francesc Homs y Andreu Mas-Colell finalmente pusieron a disposición del órgano fiscalizador varios inmuebles para responder ante una posible condena contable.

Por otro lado, las defensas también han llevado ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas la inadmisión de los avales de ICF, como es el caso del expresidente huido Carles Puigdemont. Así, según señalan las fuentes consultadas, hasta que los consejeros no resuelvan los recursos presentados al respecto no se podrá proceder a los enjuiciamiento de los hechos, lo que prevén que no ocurra próximamente.

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