Los controladores esperan que la justicia no legitime la militarización del tráfico aéreo

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) espera que la Justicia no legitime la militarización de las torres de control aéreo que se produjo en diciembre de 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió responder de esta forma a una huelga masiva de controladores.
David Villamón, secretario de Comunicación de USCA, valoraba así que el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid haya apreciado “indicios de delito” contra los controladores aéreos por lo sucedido con la huelga de hace cuatro años.
Según Villamón, esta resolución judicial “no supone una condena” y contiene “errores de bulto”. Añadió que el auto conocido este viernes es “muy vistoso” por las grabaciones que incluye, pero lo “único” que señala es que el juez ve “indicios de delito”.
No obstante, este portavoz de los controladores recordó que “ni siquiera” se ha abierto un juicio oral y añadió que los abogados de USCA tienen “esperanzas muy fundadas” de que el auto “se va a revocar”.
Este sindicato ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de madrid la resolución del juzgado que ha acordado continuar con la tramitación de las diligencias abiertas contra 117 controladores aéreos por un delito de abandono de funciones públicas. El magistrado también acusa a ocho miembros de USCA de incitar al colectivo al abandono de su actividad.
"NO PODÍAN MÁS"
A este respecto, Villamón criticó que el juez no ha tenido en cuenta una cantidad “enorme” de pruebas testificales y periciales que acreditarían la ausencia de delito, y que el auto tiene “errores de bulto”, como el hecho de que recoja, entre otros puntos, que algunos trabajadores pertenecían al comité ejecutivo “cuando no lo son”.
“Los controladores aéreos jamás abandonan su puesto de trabajo”, apuntó el portavoz de USCA, que aclaró que no pueden ejercer sus funciones ni bajo los efectos de calmantes musculares, y que en el momento del caos aéreo los controladores transmitieron que “no podían más”.
En todo caso, el supuesto abandono de funciones por las bajas médicas debería haber sido determinado por un médico, pero “Aena en ningún caso puso los recursos” para que pudieran comprobar el estado de los controladores, sino que “antes de que se presentaran los documentos” se ordenó el cierre del espacio aéreo.
En su opinión, el caso aéreo estuvo “totalmente planificado”, ya que se encontraban ”en un callejón sin salida” porque “nos habíamos pasado de horas” y “se habían producido cierres parciales”, sobre los que se refieren las grabaciones.
En su opinión, la militarización de las torres de control “fue una decisión política” y recordó que otros 21 jueces han considerado ya que no hubo abandono ni sedición durante el caso aéreo en los aeropuertos españoles de diciembre de 2010.