Los criminales de la dictadura brasileña ya no lo tendrán tan fácil para librarse de la justicia

Pocas personas que sepan quién es el coronel Sebastiao Curio Rodrigues de Moura dudan que no tenga que ver con la desaparición de docenas de brasileños.

En la década de 1970 dirigió operaciones clandestinas en la jungla del norte del país, en Para, donde guerrilleros de izquierdas y campesinos fueron secuestrados, torturados y muchas veces desaparecidos.

Y aún así, Curio, de 77 años, nunca ha tenido que esconderse para evitar el peso de la ley.

Después de luchar contra guerrilleros formó una familia en una pequeña ciudad, Curionopolis, llamada así en su honor, y fue su alcalde tres veces. Además, ha hablado abiertamente ante los medios sobre dónde están enterrados los cuerpos de los comunistas enterrados, y sobre el lugar donde se produjeron sus batallas finales con los militares.

Pero sus palabras, hasta el momento, nunca le han incriminado: Curio está protegido por una ley nacional de amnistía.

Sin embargo, ahora los fiscales federales quieren que se enfrente a la Justicia. Por primera vez, quieren presentar cargos criminales contra un oficial de la dictadura brasileña entre 1964 y 1985.

Los países vecinos sí han perseguido a oficiales por "guerra sucia" y abusos contra los derechos humanos. Ningún cargo del Ejército de Brasil se ha enfrentado, sin embargo, hasta ahora a cargo alguno.

Un juez brasileño se negó hace dos semanas a asumir el caso de Curio basándose en que violaría la Ley de Amnistía. Aprobada en 1979, la ley protege a los militares de enfrentarse a cargos por crímenes cometidos durante la dictadura a cambio de ceder el gobierno a los civiles.

El juez sostiene en un comunicado que tratar de reabrir el debate de los crímenes cometidos durante la dictadura es un error, puesto que la amnistía es producto del "gran esfuerzo de reconciliación nacional" hecho en Brasil.

La escasa receptividad de los tribunales ante el caso de Curio, así como la indiferencia que albergan muchos brasileños, podría hacer que la amnistía siga intacta.

Pero Tiago Modesto Rabelo, el fiscal que encabeza la acusación contra Curio, asegura que revocar la Ley de Amnistía, que cubre crímenes entre 1961 y 1979, no es su objetivo.

Él y sus colegas sostienen que las desapariciones forzosas durante la batalla del Ejército contra los guerrilleros (y los esfuerzos para ocultar sus cadáveres desde entonces) constituyen un "crimen permanente" que continúa hasta la actualidad. "El objetivo es hacer entender que estos crímenes son permanentes", afirma Modesto Rabelo.

Los fiscales dicen que apelarán la decisión del juez, con la esperanza de poder presentar cinco cargos por secuestro contra Curio por su participación en Para.

Naciones Unidas ha pedido a Brasil que se permita presentar dichas acusaciones, como "un primer y crucial paso" en la lucha contra la impunidad.

Si le condenan, Curio podría acabar cumpliendo hasta 40 años de prisión.

En 1964 los militares brasileños derrocaron al presidente de izquierdas Joao Goulart, basándose en que tenían que evitar la amenaza comunista. El golpe se convirtió en una dictadura que duró hasta 1985. El régimen fue responsable de unas 475 muertes y desapariciones, y miles de casos de detención ilegal y tortura.

Los combatientes comunistas resistieron la dictadura. En la década de 1970 los rebeldes establecieron su base en Para, en la jungla del norte, con la esperanza de provocar una revolución marxista.

Fuerzas del Ejército persiguieron y mataron a unos 60 rebeldes del movimiento, lanzando bombas de napalm en sus escondites, en lo que fueron algunas de las ofensivas más feroces de la dictadura. Quienes podían tener información sobre la guerrilla eran secuestrados y torturados.

Casi tres de cada cuatro brasileños encuestados recientemente no conocían la Ley de Amnistía, según datos del Instituto para la Investigación Económica Aplicada.

La dictadura brasileña fue cruel, pero registró menos casos conocidos de tortura y desapariciones que en los notorios regímenes de los vecinos Chile y Argentina.

El periodo es un "tema abstracto" para muchos brasileños, que en muchos casos no conocen directamente a ninguna víctima, asegura Manuela Picq, una investigadora de la Universidad Federal del Amazonas que fue criada en el exilio durante la dictadura.

"Todo el mundo está de acuerdo en que está mal matar a gente y torturarla del modo en que hicieron los militares", explica. "La sociedad en general dice 'sí, estamos de acuerdo [en que los crímenes de la dictadura estuvieron mal]; pero ya que hay muchos otros problemas… ¿vamos a perder nuestra energía en esto?'".

Sucesivos gobiernos han pagado indemnizaciones a disidentes que estuvieron encarcelados, al tiempo que mantenían la Ley de Amnistía e impedían que se presentasen cargos contra oficiales militares."Brasil va con mucho retraso respecto a otros países en este tema de la reconciliación por crímenes cometidos durante la dictadura", dice Janaina de Almeida Teles, una historiadora que estuvo encarcelada cuando tenía 5 años con sus padres durante el régimen militar.

"La mayoría de las madres de casos de desapariciones ya han muerto [sin que se hayan hecho investigaciones]", añade.Almeida Teles espera que a medida que Brasil prospera, la gente reflexione más, no menos, sobre el pasado.