Los españoles 'echan pestes' de las ofensas a su bolsillo, sus creencias y su barrio

Durante 2015 los españoles nos quejamos de aquellas decisiones de las Administraciones Públicas que nos tocaron el bolsillo, el trabajo, las creencias, o la calidad de vida. Es la consecuencia que se puede extraer de la lectura detenida del informe presentado por el Defensor del Pueblo de su trabajo el pasado año.

Soledad Becerril, actual Defensora del Pueblo tiene el cometido, como Alta Comisionada de las Cortes Generales, de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.

A la hora de pedir que se nos haga justicia, el pasado año perdimos fuelle al descender un 23,13% las quejas respecto al año anterior. Pero aún así, la oficina de la Defensora del Pueblo recibió 17.822 reclamaciones, según refleja el informe anual presentado este jueves ante las Cortes Generales.

Pero si nos ofrece una imagen clara de las temáticas que más suscitan el deseo de justicia de los españoles, nada mejor que repasar el listado de las quejas o expedientes que suscitaron más apoyos:Marineros maduros

17.227 ciudadanos, a través de una asociación profesional de tropa y marinería,expresaron su disconformidad con el contenido del artículo 10 de la Ley 8/2006, de24 de abril, de tropa y marinería, relativo a la finalización y resolución delcompromiso de larga duración contraído con las Fuerzas Armadas.

Estimaban que el establecimiento del límite de edad de 45 años atenta al principio de igualdad, por lo que solicitan a esta institución la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el citado precepto.Pensionistas indignados

10.131 ciudadanos pertenecientes a una comisión de pensionistas y jubilados residentes en el municipio de Esplugues de Llobregat (Barcelona), mediante escrito remitido por la alcaldesa del ayuntamiento de esa localidad, se mostraron contrarios a la reforma de las pensiones.

Entre otras medidas, rechazaban el anteproyecto de ley regulador del factor de sostenibilidad (aprobado) e instaban al Gobierno a paralizar los recortes, a potenciar la ocupación y a mantener la subida de las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo (IPC).Cuota de multas

3.501 ciudadanos, una gran parte de ellos adheridos a la causa a través de una plataforma digital, manifestaron su preocupación por la existencia de un registro de acciones individuales de los agentes de la Guardia Civil.

Al parecer, en ese registro se asigna a cada agente un cupo de 50 sanciones mensuales y, si dicho cupo no es alcanzado por el agente, su nómina se ve mermada con unas cantidades que oscilan entre los 150 y 200 euros de penalización.Exposición sacrílega

2.059 ciudadanos protestaron por la exhibición de una de las piezas integrantes de la exposición Desenterrados, del artista Abel Azcona, en una sala municipal del Ayuntamiento de Pamplona, por considerarla atentatoria contra la libertad religiosa e incursa en el delito contra los sentimientos religiosos, según el artículo 525 del Código Penal. En la muestraexhibió 242 formas consagradas creando la palabra 'pederastia'. Este jueves ha tenido que declarar en calidad de 'investigado' ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona por la exposición.Barriada de las redadas

1.701 ciudadanos solicitaron la intervención de la Defensora del Pueblo en relación con las operaciones policiales desarrolladas "de forma indiscriminada" en la barriada Príncipe Alfonso de la ciudad de Ceuta, según afirmaron, bajo la excusa de la amenaza del terrorismo yihadista. La barriada no deja de ser el escenario de operaciones contra presuntos yihadistas, lo que hace difícil considerar "injustificado" el interés policial.Partos y Doulas

716 ciudadanas mostraron su disconformidad con el Informe sobre competencias de matronas y tareas que realizan las doulas, elaborado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, y con las opiniones que se vertieron en la rueda de prensa en la que se presentó el informe que, según las interesadas, atentan contra el honor y la dignidad de las doulas (asistentes al parto).

Todo nació de la denuncia del Consejo General de Enfermería, que en Madrid alertó sobre la existencia en España de falsas matronas, mujeres que se hacen llamar 'doulas' y que atienden embarazos, partos y pospartos "con prácticas de canibalismo" que conllevan "gravísimos riesgos para la salud de las personas".Sin permiso de conducir

342 ciudadanos expusieron a la institución del Defensor del Pueblo sudisconformidad con el funcionamiento de las Jefaturas Provinciales de Tráficodurante las jornadas de paros parciales indefinidos convocados por losexaminadores. Indicaban que la huelga parcial realizada tuvo una consecuenciadirecta en las convocatorias de examen previstas, lo que provocó cancelaciones ydemoras injustificables.

173 ciudadanos, entre ellos los representantes de asociaciones de autoescuelas dela Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de la Comunidad Foral de Navarra,expusieron su preocupación por la escasez de plazas de funcionarios examinadoresde las pruebas para obtener la autorización administrativa para conducir.Religión y comedor

146 ciudadanos, padres y madres de niños con edades comprendidas entre los 0 y3 años, alumnos de la Escuela Infantil Municipal Diamela de Coslada (Madrid),manifestaron su disconformidad con la aprobación y publicación de una convocatoriade adjudicación del contrato de gestión del servicio público educativo del referidocentro, lo que llevaría al cambio de empresa gestora una vez iniciado el curso

88 ciudadanos se mostraron contrarios al tratamiento dado, en la Ley Orgánica parala mejora de la calidad educativa, a la impartición de enseñanzas religiosas en loscentros docentes.

64 ciudadanos protestaron por la sustitución, en la Comunidad de Madrid, delsistema de becas de comedor escolar por otro de precios reducidos.El coste de Castor

74 ciudadanos solicitaron del Defensor del Pueblo la interposición de recurso deinconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el quese adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad decentrales nucleares.

Los firmantes consideraban inconstitucional una disposición aprobada conrango de ley para poder indemnizar con 1.350 millones de euros a una sociedadmercantil por el cierre de la planta marítima y almacén submarino de gas Castor antela costa de Vinaroz (Castellón), importe repercutido a la ciudadanía a través de lafactura del gas, a pagar durante 30 años.La valla de Ceuta

46 ciudadanos escribieron al Defensor del Pueblo relatando los hechos acaecidos el mes de abril, en los que un ciudadano extranjero, durante su intento de entrada a territorio español, permaneció casi cinco horas encaramado a la valla de Ceuta y fue finalmente entregado a las fuerzas policiales marroquíes, aun cuando, al parecer, estaba herido debido a las concertinas.

Señalaron los reclamantes que la nueva disposición adicional décima de la ley de extranjería exige que los rechazos en fronteras se lleven a cabo respetando la normativa internacional.

Finalmente, y si nos atenemos a la temática de las quejas presentadas, las actuaciones de oficio y las peticiones de recurso ante el Constitucional TC en 2015 versan sobre:

- Administración de justicia (1.902).

- Seguridad pública (1.798),

- Actividad económica (1.769),

- Sanidad (1.465),

- Empleo y seguridad social (1.233),

- Educación (1.202),

- Impuestos (1.136),

- Función y empleo público (1.117),

- Política social (917),

- Migraciones (882),

- Centros penitenciarios (465),

- Medio ambiente (446),

- Vivienda (365),

- Urbanismo (357),

- Administración local (239),

- Igualdad de trato (119),

- Prevención de tortura (106),

- Otros ámbitos (2.436).