Los expertos critican la nueva Oficina de Derechos de Autor: "Es una duplicidad"

Las dudas sobre la efectividad del uso de los fondos europeos sigue latente entre los partidos de la oposición, como así se pudo observar en el Congreso durante el pasado debate del estado de la nación. Un escenario de incertidumbre que se da en la misma semana en la que el Ejecutivo ha hecho público la creación de la Oficina de Derechos de Autor a través de los Fondos de Recuperación y Resiliencia financiados por la UE. Un nuevo organismo que se ha convertido en la diana de la mayoría de los expertos jurídicos consultados por este periódico, que lo han definido de "duplicidad" y de acabar convirtiéndose en "el lugar donde colocar a un amiguete".

El pasado lunes, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta anunció tras Consejo de Ministros, que "hoy hemos aprobado la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Un compromiso del acuerdo de coalición progresista, del Plan de Recuperación y, sobre todo, una obligación con la industria cultural española. Se trata de la creación de un organismo autónomo que requiere hacerse por ley". El ministro justificó esta creación a "la evolución de la tecnología, el mercado digital y la piratería". Y sentenció: "Esta nueva oficina nos va a permitir reforzar las competencias del Estado en materia de propiedad intelectual y sumar nuevas competencias".

El periódico La Información se ha puesto en contacto con despachos de abogados especializados en el área. Así, desde el bufete Elzaburu afirman que "en los derechos de autor la protección no está sujeta a formalidades y la inscripción de la obra en un registro no es preceptiva (bajo preceptos), sino protestativa (bajo testimonio). Habría que buscar otra justificación a un organismo público como el que se propone". Por otro lado, alertan de que sería necesario "una integración adecuada de órganos, una estructura correcta, que no altere las reglas de juego y una dotación económica importante" para que dicha oficina no sea "una burocracia más para los creadores".

Desde el bufete de abogados Brecovitz afirman que "es un nombre muy bonito, pero no se sabe qué van a querer hacer con eso, porque en España ya existe la Comisión de Propiedad Intelectual -adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte- que se encarga por medio de sus dos secciones de buscar acuerdos, mediación y arbitraje y también facilitar, por ejemplo, el bloqueo de páginas web piratas. Creemos que por temas políticos se busca darle relevancia a los derechos de autor, pero el Ministerio ya se ocupaba de todas estas cuestiones antes de que se creara la nueva oficina".

Por otro lado, otras fuentes especialistas en la materia ponen como ejemplo Francia. "Allí no dividen la propiedad intelectual y la industrial y no han creado un nuevo organismo solo especializado en derechos de autor, sino que este se encuentra dentro de una subdivisión del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)". Además, recalcan que la creación de nuevos organismos públicos siempre conlleva "más burocracia" y personal "enchufado".

Las mismas fuentes expertas en el sector restan importancia al papel de la nueva oficina ya que otros organismos del país, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), depositan sus publicaciones científicas bajo notario. Por último, sostienen que "las obras literarias no se protegen por una patente -como sí ocurre con las marcas o los diseños- ya que no son necesarios registrarlos. Es un derecho que no hace falta inscribirlo porque ya lo tiene el autor, que le dura toda la vida más los setenta años después de su muerte".