El gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud (SNS) continúa su ascenso imparable desde que en 2013 tocase fondo y ya se acerca a los niveles previos a la crisis, después casi siete ejercicios en los que los recortes y los copagos han tenido un efecto considerable. Durante 2018, la factura del sistema a través de recetas alcanzó los 10.476 millones de euros, un 3% más que durante 2017, una tendencia al alza que también se constata en el mes de enero de 2019, el último que se ha incluido en la estadística elaborada por el Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, periodo durante el que el gasto rondó los 925 millones de euros, un 2,8% más que el mismo mes de año pasado.
Los 'tijeretazos' y las medidas extraordinarias de austeridad aplicadas durante los últimos años para frenar el recibo farmacéutico y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud, desde los copagos a los férreos acuerdos con la industria farmacéutica, pasando por las tasas autonómicas -como el euro por receta catalán-, han servido para reducir de forma clara la factura durante los ejercicios más duros de la crisis, pero el efecto de los nuevos y más caros medicamentos introducidos, que han reemplazado a muchos de los antiguos fundamentalmente en la red de hospitales, ya ha empezando a notarse de forma negativa.
Según los datos hechos públicos por Sanidad, Canarias, una autonomía que está dispuesta a financiar la 'Bexsero', una preparación contra la meningitis ampliamente demandada por las familias, ha sido la comunidad en la que más se incrementó el gasto farmacéutico en 2018, un 4,59% y también en la que más se elevó enero de 2019 con respecto al mismo del año anterior. En todas las comunidades se han producido aumentos, y la Región de Murcia y País Vasco fueron las autonomías que mejor lograron controlar la situación.
El control del gasto, una prioridad
El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros dio luz verde al Plan de Acción elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para iniciar la segunda fase del proceso de revisión del gasto iniciado el pasado año. Así, en esta ocasión, el organismo independiente de control fiscal se centrará, entre otras cosas, en la vigilancia de la factura hospitalaria en farmacia, para detectar ineficiencias y plantear medidas que sirvan para corregirlas.
La AIRreF destaca en su preinforme que el gasto sanitario público en España supone cerca del 6% del Producto Interior Bruto (PIB), y que la factura de los hospitales supone seis de cada diez euros de esa cantidad. Además señala que el gasto en farmacia en los centros supera ya los 6.200 millones de euros, el 15% del importe total. Entre las causas del espectacular incremento de la factura hospitalaria, incide el organismo, "está el aumento de la actividad asistencial, el mayor número de pacientes que son tratados, el uso de productos en nuevas indicaciones o formas farmacéuticas y la introducción de medicamentos de alto coste que ofrecen innovaciones terapéuticas".
"Las perspectivas no parecen indicar una disminución del gasto en medicamentos en hospitales a corto plazo. La existencia de fármacos innovadores y de alto impacto económico y sanitario, la introducción de terapias individualizadas, el envejecimiento de la población, y unos ciudadanos cada vez más informados.... hacen necesario implementar medidas que permitan satisfacer esta demanda creciente y, al tiempo, garantizar la sostenibilidad del Sistema", concluye.
Las subastas pinchan en Andalucía
La Junta de Andalucía, la primera administración autonómica que puso en marcha hace siete años la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública, no ha logrado el objetivo de abaratar la factura farmacéutica. La estadística del ministerio que dirige María Luisa Carcedo muestra que ha sido la tercera comunidad en la que más ha subido el gasto con respecto a 2017 y representa ya el 17% del gasto total. Además, es la cuarta autonomía en la que más se incrementa la factura media por receta facturada del SNS.
El nuevo Gobierno andaluz se ha fijado como objetivo eliminar las subastas de fármacos durante los primeros cien días de legislatura. Este método de suministro se ha convertido en un elemento de enfrentamiento político y sectorial, con entusiastas defensores en el Gobierno socialista y entre las organizaciones médicas y sindicatos, y con numerosos detractores dentro de las filas del PP y en el sector farmacéutico. Las subastas son un instrumento no exento de contradicciones que para una parte han contribuido a racionalizar el gasto y para la otra supone una distorsión de la competencia, que perjudica a los pacientes y contribuye al desabastecimiento.
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