Los haitianos denuncian las decisiones "no democráticas" del Consejo Electoral

  • Cinco días después de la publicación de los resultados preliminares de las elecciones legislativas del pasado 9 de agosto, organizaciones de la sociedad civil haitiana denunciaron este martes las decisiones "no democráticas" tomadas por el Consejo Electoral Provisional (CEP).

Tras los episodios de violencia que se produjeron durante los comicios, el CEP decidió validar solamente los resultados de las circunscripciones en las que pudieron recuperarse, al menos, el 70% de los procesos verbales de los centros de votos.

Los comicios para elegir diputados y senadores volverán a organizarse en las 25 de las 119 circunscripciones del país en las que no se alcanzó ese mínimo.

"En un sistema democrático vinculado al sufragio universal, no podemos validar los resultados si falta el 30% de los procesos verbales", se indignó Gédéon Jean, director del Consejo Nacional de Observación Electoral. "Esto puede influir considerablemente en el resultado de la votación", deploró durante una rueda de prensa en Puerto Príncipe.

Las organizaciones haitianas de defensa de los derechos humanos piden unánimemente al CEP que castigue a quienes perturbaron la votación.

"Los grandes beneficiarios de los resultados publicados por el CEP son los responsables de la violencia", declaró Pierre Espérance, secretario general de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). "Su estrategia, con la complicidad de las fuerzas públicas y de la justicia, es que allí donde no se encontraban en una posición de fuerza, destruyeron los centros de votación".

Actualmente los tribunales electorales se disponen a examinar las decenas de impugnaciones de resultados formuladas por los candidatos y partidos políticos. Los fallos se entregarán al CEP, que publicará los resultados definitivos del escrutinio el 8 de septiembre.

Desde la celebración de las elecciones, el CEP ha excluido a 16 candidatos. Disparos con armas automáticas cerca de las oficinas de voto, saqueo de urnas y agresión armada a un miembro del personal electoral son los hechos por los que se enfrentan a penas de prisión, que van desde los 6 meses a los 5 años y a multas y "pérdida de los derechos civiles y políticos durante cinco años como mínimo y diez años como máximo".

amb/sha/lb

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