Barcelona.- En vísperas de la manifestación internacional del próximo domingo, el movimiento de los 'indignados' se ha desmarcado hoy de la violencia con la que actuaron algunos de los concentrados ante el Parlament, mientras la policía rastrea imágenes de prensa e Internet para identificar a los alborotadores.
Dos días después de la concentración de 'indignados' para impedir el debate presupuestario en el Parlament, sigue abierta la polémica sobre la suficiencia del despliegue policial para proteger a los diputados, lo que ha llevado al vicepresidente español, Alfredo Pérez Rubalcaba, a ofrecer apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional para frenar posibles actos vandálicos, siempre que la Generalitat lo solicite.
En una convocatoria inusual en su movimiento, AcampadaBCN ha organizado hoy una rueda de prensa para desmarcarse de la violencia y expresar su rechazo a agresiones como las del pasado miércoles, cuando algunos grupos increparon, zarandearon, escupieron y pintaron a diputados que intentaban llegar al Parlament.
Los 'indignados' de Barcelona han insistido en que son un movimiento pacífico, por lo que piden a los grupos violentos que no acudan a la manifestación internacional convocada para el próximo domingo, una movilización que hoy han apoyado ICV-EUiA, entre otros.
Tras precisar que su intención nunca fue impedir la entrada de los diputados al Parlament, sino crear un cordón simbólico frente a la cámara catalana en contra de los presupuestos, los 'indignados' se han quejado de que se han "sobredimensionado" los incidentes con el propósito de criminalizar su movimiento.
Por su parte, los cinco detenidos en los incidentes que hoy han pasado a disposición judicial han quedado en libertad acusados de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, igual que el único arrestado que compareció ayer en el juzgado, sin que la Fiscalía pidiera ninguna medida cautelar contra ellos.
La causa contra esos seis detenidos sigue abierta, aunque por el momento la Fiscalía les acusa sólo de enfrentarse a los Mossos d'Esquadra, sin vincularlos a los actos para impedir la actividad de los parlamentarios, que el Código Penal castiga con penas de hasta cinco años de cárcel.
Paralelamente a esas diligencias, los Mossos d'Esquadra han entregado ya un atestado básico sobre los incidentes ocurridos frente al Parlament, pero mantienen abierta su investigación sobre las agresiones a diputados, analizando las imágenes difundidas por los medios de comunicación y por Internet, y han conseguido ya identificar a varios autores de esas acciones violentas.
El propósito del Departamento de Interior es presentar acusaciones "sólidas" contra los violentos, para que la investigación judicial prospere con indicios suficientes y puedan depurarse las responsabilidades penales que correspondan, según un portavoz de la consellería.
Por su parte, la líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, se ha sumado hoy a las voces críticas por la insuficiencia del despliegue policial planificado para proteger a los diputados y ha pedido al Departamento de Interior que, de cara a la manifestación del próximo domingo, valore si precisa ayuda de otras fuerzas de seguridad del Estado.
Frente a esa sugerencia, Rubalcaba ha recogido el guante y ha admitido que, pese a que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen efectivos limitados, "eventualmente cabría la posibilidad" de que si el gobierno catalán pidiera ayuda al Estado, este pudiera dársela.
También han proseguido hoy las críticas contra el movimiento de 'indignados' y el conseller de Interior, Felip Puig, ha vuelto a advertir de que "no se puede permitir mucho tiempo más" la acampada en la plaza Catalunya y ha calculado que en Barcelona hay entre 300 y 600 personas que son "profesionales del desorden público y de la violencia urbana".
En su carta web semanal, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha culpado al tripartito del auge de los grupos antisistema violentos en Cataluña, mientras el portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que en los incidentes del pasado miércoles hubo "algún elemento de 'kale borroka'", en la línea de lo que apuntó ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
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